Guatemala: Desestiman denuncia penal contra la familia Molina Theissen

• Organizaciones defensoras de derechos humanos celebran resolución de juzgado de Guatemala que pone fin a la criminalización sufrida por la familia Molina Theissen.

Guatemala, 3 de julio de 2026.  El Juzgado Segundo de Primera Instancia emitió una resolución en la que desestima  la denuncia penal dirigida hacia la familia Molina Theissen que cuestionaba la desaparición forzada del niño Marco Antonio; consideró que hay “sentencias firmes que han establecido la desaparición forzada y la responsabilidad estatal e individual”.

La denuncia penal contra la familia Molina fue interpuesta por Karen Marie Fisher Pivaral en representación legal de los militares en retiro Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García, quienes fueron juzgados y condenados en Guatemala en 2018 y encontrados culpables de delitos contra los deberes de humanidad.

El ente fiscal afirmó en la resolución que la denuncia buscaba “generar confusión y retrasar los procesos judiciales, y revictimizar a la familia de Marco Antonio, quienes han luchado durante décadas para que se reconozca y se juzgue su desaparición forzada”.

Para el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. CALDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional- CEJIL,  organizaciones que han representado y acompañado a la familia Molina Theissen; rechazar una acusación que no tiene fundamento legal es una decisión importante para proteger el derecho a la verdad y a la justicia, así como para desmentir “la fabricación de narrativas falsas que buscan distorsionar los hechos”.

Esta decisión, que retoma estándares internacionales de protección de las víctimas, llega a más de dos años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenara al Estado de Guatemala “tomar las medidas necesarias para poner fin a la criminalización de las víctimas del presente caso, y cesar los efectos intimidatorios y revictimizantes de dicha investigación”.   Frente a la pretensión de los demandantes de negar la desaparición de Marco Antonio y culpar a la familia Molina Theissen por presuntamente engañar al Estado, la  Corte fue enfática al recordar que el caso ya había sido juzgado y los hechos estaban suficientemente probados. Este 3 de julio, la sentencia del máximo tribunal de derechos humanos de las Américas cumple 22 años de emitida.

Las organizaciones acompañantes celebran esta resolución y destacan que .“Es un paso que acerca un poco más la justicia a la familia, como resultado de su lucha, resistencia y dignidad inquebrantables frente a una persecución espuria y a la que el sistema de justicia se prestó. Una vez más la verdad prevalece”.