Guatemala debe enmendar el proceso de elección de Cortes

Ciudad de Guatemala, San José y Washington DC, 24 de febrero de 2020.- Las organizaciones internacionales firmantes hemos seguido con preocupación los recientes acontecimientos en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones de Guatemala. El Caso Comisiones Paralelas 2020 que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) nuevamente pone en evidencia la debilidad del modelo de Comisiones de Postulación para la elección de magistradas y magistrados, el cual es susceptible de que ocurran negociaciones ilícitas para la elección de los cargos.

La FECI reveló la existencia de reuniones secretas entre el ex secretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, quien actualmente es procesado por actos de corrupción, y miembros de las Comisiones de Postulación. Alejos también sostuvo reuniones con jueces y magistrados que aspiran a los cargos para presuntamente negociar su elección. Hechos similares ocurrieron en el proceso de elección de 2014 en el cual se realizaron sobornos para manipular la selección de candidatos; por estos hechos se encuentran procesadas tres personas, entre ellos, un ex magistrado de la Corte de Apelaciones que participó en las comisiones de postulación de ese año. Además, debido a estas irregularidades, el Estado de Guatemala ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esto se suma a una serie de irregularidades que han ocurrido a lo largo del actual proceso de elección de cortes. En septiembre de 2019 la Corte de Constitucionalidad suspendió el trabajo de las Comisiones de Postulación debido a que no se habían realizado las evaluaciones de desempeño de jueces y magistrados, como lo establece la Ley de la Carrera Judicial. Luego las Comisiones de Postulación no tomaron en cuenta las objeciones que presentó la ciudadanía en contra de aspirantes con cuestionamientos éticos y legales, lo cual le resta credibilidad y transparencia al proceso. Finalmente, se realizaron “votos cruzados” entre integrantes de las comisiones que se presentaron como candidatos a los cargos ante la otra comisión, lo cual representa un claro conflicto de interés y genera desconfianza en el proceso.

En este momento el Congreso de la República tiene en sus manos la nómina final de 26 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia y 270 aspirantes a las Salas de Apelaciones, y tiene la posibilidad de enmendar los errores cometidos por las Comisiones de Postulación. En tal sentido, recomendamos al Congreso de Guatemala excluir del proceso de elección de cortes a los aspirantes implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020, a quienes tienen conflicto de interés y a quienes tienen impedimentos éticos y legales que han sido señalados por la sociedad civil.

El Congreso debe establecer un procedimiento público y transparente para seleccionar con objetividad a las y los magistrados y no se deben permitir reuniones privadas o secretas entre diputados y aspirantes. En el caso de la elección de la Corte Suprema de Justicia es importante que los diputados voten de forma razonada, y no simplemente de manera nominal.

Los estándares internacionales sobre independencia judicial establecen que los procesos de selección de jueces y magistrados se deben desarrollar de forma que aseguren la
participación de aspirantes en igualdad de condiciones y sin discriminación, la selección se debe basar únicamente en sus méritos y capacidades, y el proceso de selección debe ser público y transparente.

Finalmente, resaltamos la urgencia de que Guatemala realice las reformas legales necesarias para cambiar el modelo de elección de cortes, el cual debe basarse en la carrera
judicial para evitar el tráfico de influencias y las negociaciones políticas que interfieran en la independencia del poder judicial.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Guatemala Human Rights Commission
Impunity Watch
Latin American Working Group
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights