Guatemala: Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas de protección a dos fiscales de la FECI

• La Corte señala que, tras la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval, existe un temor fundado de que ambos fiscales podrían ser destituidos, lo cual afectaría su trabajo de investigación. Además, considera que se encuentran en riesgo los derechos a la vida, a la integridad personal y a la independencia en el ejercicio de sus cargos como fiscales.

Guatemala- 7 de octubre de 2021- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comunicó este día una resolución de medidas provisionales a favor de dos funcionarios que laboran en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) de Guatemala, al considerar la existencia de hechos graves que atentan contra su vida e integridad, y obstaculizan el desarrollo independiente de su trabajo. Se trata de dos fiscales que investigan los casos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la operación conocida como “Plan Gavilán” y por los cuales el Estado de Guatemala fue encontrado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

El alto tribunal constata la persistencia de una situación de intimidación, seguimientos y amenazas en contra de los dos fiscales, “en un contexto de riesgo adverso hacia el trabajo de la FECI, así como de ataques y amenazas en contra de los operadores de justicia en los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción”.

Además, la Corte destaca que los movimientos de personal dentro de la FECI no se limitan a la destitución del entonces jefe, Juan Francisco Sandoval y que su continuidad “crea un temor fundado” respecto a la posibilidad de que los otros dos fiscales podrían ser destituidos, afectando el trabajo que han venido realizando en la investigación de los casos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes.

Con respecto a la destitución de Sandoval, presentada por las organizaciones peticionarias como arbitraria e ilegal, la Corte reitera la importancia de que los Estados otorguen garantía de estabilidad para las y los fiscales, lo cual implica que sólo podrán ser separados obedeciendo a las causales permitidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales que cumplan con todas las garantías judiciales.

Y si bien la Corte no le otorga medidas provisionales al exfiscal, por considerar que su destitución no está directamente relacionada con los casos Valenzuela y Ruiz, sí hace un llamado a que los tribunales internos se apeguen a los estándares internacionales y destaca: “la destitución de un fiscal no es una cuestión exclusivamente laboral que se repara con el pago de una indemnización, sino lo que también está en juego es la estabilidad en el cargo por la importancia y relevancia que esto tiene para la administración de justicia”.

Para las organizaciones peticionarias, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), esta nueva resolución del máximo tribunal latinoamericano constata una vez más el deterioro de las garantías para la independencia judicial en Guatemala y reconoce el alto riesgo al que se ven expuestos los operadores de justicia que luchan contra la impunidad y la corrupción en el país.

Las medidas provisionales son acciones urgentes de protección que dicta la Corte IDH tras comprobar la existencia de criterios de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario evitar daños irreparables a las personas. Los Estados están en obligación de ponerlas en marcha e informar sobre su implementación. Guatemala debe rendir cuentas de las medidas implementadas en este caso, a más tardar el 13 de diciembre de 2021.