Guatemala: CIDH reconoce obstáculos en el acceso a la justicia e impunidad para víctimas de graves violaciones a derechos humanos

Las Américas, 4 de marzo de 2025– En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil presentaron información sobre el impacto que continúa teniendo la corrupción y la impunidad en la institucionalidad democrática de Guatemala y el acelerado retroceso en el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado interno.

Las organizaciones recordaron el proceso reciente de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación y señalaron que a pesar de la vigilancia ciudadana, este proceso no mejoró el sistema de justicia, evidenciando que el Estado de Derecho sigue debilitado, lo que afecta el acceso a la justicia y promueve la impunidad, en particular para los casos relacionados con el conflicto armado interno.

Al respecto, la comisionada Andrea Pochack, vicepresidenta de la CIDH y Relatora para Guatemala destacó que se trata de casos que requieren prioridad de parte del Estado y que eso no se evidencia en las acciones de los entes estatales. “Se requieren caminos concretos que lleven a mejorar la situación. No estamos viendo vías lógicas ni un camino que lleve a implementar las recomendaciones”, señaló.

Impunidad en Casos de Alto Impacto

Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló que las Salas de Mayor Riesgo, responsables de casos de Justicia Transicional, siguen actuando para garantizar la impunidad, avalando la negligencia del Estado en la no repetición de hechos del conflicto armado interno. Citó el caso CREOMPAZ, donde la nueva sala Segunda de Mayor Riesgo anuló las órdenes de captura y apertura a juicio del general Manuel Benedicto Lucas y otros altos mandos. También mencionó el caso Genocidio Ixil, que fue retrotraído a etapas iniciales tras más de 100 audiencias, revictimizando a víctimas y testigos. Otros casos afectados incluyen la Masacre de la Cumbre de Alaska, Las Dos Erres, Molina Theissen, Diario Militar, Rancho Bejuco, Bámaca Velásquez y Luz Leticia Hernández Agustín.

Se denunció que otra estrategia para garantizar impunidad es el desmantelamiento sistemático de los juzgados de Mayor Riesgo, pues operadores de justicia con amplia trayectoria y experiencia en derechos humanos han sido perseguidos, criminalizados o forzados al exilio, para ser sustituidos por personas afines a los intereses militares, políticos y económicos. Esto ha llevado a resoluciones arbitrarias y regresivas.

Debilitamiento del Ministerio Público, criminalización y ausencia de mecanismos de cumplimiento.

Una vez más ante la CIDH, la fiscal general Consuelo Porras fue señalada por debilitar el Ministerio Público, con acciones como la reducción de personal y destitución de fiscales clave de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCAI). La abogada Jovita Tzul, comentó que estas acciones obstaculizan las investigaciones y litigios, además de que propician el nombramiento de personas no idóneas con antecedentes de corrupción, como las recientemente asignadas a la Fiscalía de Derechos Humanos.

Paulo Estrada señaló que hay un patrón de denuncias penales, hostigamiento y amenazas contra víctimas, organizaciones y equipos legales, en las que destaca el caso de la familia Molina Theissen, acusada de “simulación de delito” por la misma Fiscalía, a pesar de contar con dos condenas que las reconocen como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte la abogada Lucía Xiloj enfatizó que a pesar de las 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Guatemala, las organizaciones denunciaron la ausencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales. Aunque la COPADEH muestra buena voluntad, las organizaciones insisten en la necesidad de acciones coordinadas con la sociedad civil para implementar medidas de reparación y no repetición, un plan de dignificación para las víctimas y una política de memoria. Las organizaciones también señalaron la falta de compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas y la necesidad de que el Congreso cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana  de archivar las iniciativas de ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos.

Solicitudes finales

Finalmente Francisco Vivar a nombre de las  organizaciones peticionarias realizó una serie de solicitudes urgentes, que incluyen la implementación de las recomendaciones que la CIDH realizó durante su visita in loco al país en 2024, tales como la creación de un Plan Nacional de Dignificación de Víctimas, una institución para la búsqueda de personas desaparecidas,  la digitalización de archivos del Conflicto Armado Interno, el acceso a archivos militares. Se insistió en la urgencia de que Ministerio Público cese de forma  el inmediata el hostigamiento y la criminalización del Ministerio Público, por lo que resulta esencial que concrete a la mayor brevedad la realización del examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público.

La audiencia fue solicitada por la Asociación de Familiares de detenidos y desparecidos de Guatemala, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, representantes del Caso Mujeres Achi, representantes del caso Masacre de la cumbre de Alaska, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Guatemala Human Rigths Comission.