25 de noviembre de 2022 Comunicado de Prensa

Guatemala ante Corte IDH: “Es evidente que el Estado no tiene un plan para cumplir con la sentencia del caso Molina Theissen”

  • El incumplimiento estatal de aspectos fundamentales en este caso continúa afectando a los familiares y provoca nuevas vulneraciones para la búsqueda de justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco.

San José, 28 de noviembre de 2022- La familia Molina Theissen y sus representantes legales recibieron con escepticismo y preocupación el informe que el Estado guatemalteco rindió en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el pasado jueves 24 de noviembre. La diligencia tuvo como objetivo de supervisar el cumplimiento de las medidas dictadas por ese Tribunal en la sentencia del caso, emitida en julio de 2004.

“Es evidente que no existe un plan de búsqueda de Marco Antonio Molina Theissen, lo informado alude a iniciativas de exhumación aisladas” expresó la abogada Gisela De León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En el mismo sentido se expresó Lucrecia Molina, hermana del niño desaparecido en 1982: “No vemos que haya realmente planes de búsqueda ni en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) si es que tienen esa capacidad de buscar personas desaparecidas desde hace 40, 35, 25 años”.

La búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina y la entrega de éstos a la familia es una de las medidas ordenadas por la Corte IDH, así como la obligación de crear un sistema de información genética para la identificación de niños y niñas desaparecidos. El Estado hizo referencia a existencia de un banco de datos genéticos para uso forense, sin embargo, quedó claro que este tiene un ámbito demasiado amplio y no especifica en niñez desaparecida.

Otra de las medidas dictadas por la sentencia internacional se refiere al deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Si bien en 2018 cuatro exmilitares fueron condenados por violaciones a los derechos humanos en este caso, dicha sentencia no se encuentra en firme debido a la interposición de múltiples recursos. “Esto constituye un uso abusivo y desproporcionado de recursos dilatorios” señalaron las representantes de las víctimas ante la Corte IDH.

La situación de hostigamiento y revictimización que sufre la familia también quedó evidenciada en la audiencia. En 2018 la abogada Karen Fischer interpuso una denuncia en contra de todas las integrantes de la familia Molina Theissen y contra el propio Marco Antonio Molina por los delitos de acusación, denuncia falsa, y simulación de delito. La denuncia no tiene otro fundamento que el alegado parecido físico entre el señor Neri Espinoza -esposo de la señora María Eugenia Molina- y los familiares de Marco Antonio.

Al respecto, el señor Espinoza expuso a la Corte IDH que, a pesar de lo absurdo de la afirmación, tanto él como la señora Emma Theissen han presentado dos pruebas de ADN con resultados contundentes, pero el hostigamiento judicial y la campaña en su contra continúan. “Es una actuación perversa y revictimizadora, que ahonda nuestro sufrimiento por la violenta pérdida de Marco Antonio” expresó de manera sentida la señora Emma Theissen, madre del niño desaparecido.

El hecho de que el Estado diera curso a esta denuncia generó serios cuestionamientos por parte de la jueza Verónica Gómez quien preguntó al Estado: “¿Por qué en un caso en el que ya hay una decisión de la Corte IDH y de un tribunal interno, hay una denuncia contra fáctica que pone el peso de la prueba en los familiares de una víctima de desaparición forzada?,¿Quiere decir que en Guatemala cualquier persona que haga una denuncia sobre simulación de delito no tiene la carga de fundamentarla?”.

En la misma línea intervino el juez Humberto Sierra Porto: “Ya aquí está establecido que hubo una desaparición forzada, por eso el Estado está buscando los restos. Pero al mismo tiempo, el Estado está determinando que una persona que está viva podría ser Marco Antonio ¿El Estado no tiene elementos para determinar que esa denuncia no procede?”.

La preocupación por el incumplimiento de las medidas dictadas en la sentencia también fue compartida por la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recalcó el contexto de persecución a operadores de justicia relacionados con casos de violaciones de DDHH en el conflicto armado. En este sentido, Marcela Martino, subdirectora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, recordó que el Juez Pablo Xitumul, quien presidió el Tribunal que condenó a los responsables de los hechos también ha sido víctima de represalias. “Su caso enmarca en un contexto de ataques contra otros jueces y fiscales independientes que han sido objeto de amenazas, hostigamiento y procesos de criminalización por el ejercicio de la función judicial, particularmente en casos de graves violaciones de derechos humanos”, señaló.

Los proyectos de ley de amnistía, “Ley de la Consolidación de la Paz y la Reconciliación” (5920) y “Ley de Fortalecimiento para la Paz” (6099) bajo examen en el Congreso de la República, también fueron objeto de escrutinio en la audiencia y se los consideró como una violación a los estándares establecidos por la propia Corte Interamericana relativos a la prohibición de eximentes de responsabilidad en los casos de violaciones a los derechos humanos; la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que se pretende excluir de la persecución penal; y, la violación de los derechos de acceso a la justicia y la verdad de las víctimas

La familia Molina Theissen y sus representantes finalizaron la audiencia solicitando a la Corte IDH que requiera al Estado de Guatemala confeccionar un plan integral de búsqueda con la participación de la familia Molina y de expertos internacionales y que adopte medidas concretas para avanzar en la creación de un sistema de información genética en los términos ordenados en la sentencia.

En términos generales, se espera que la Corte requiera al Estado que cesen los actos de hostigamiento en contra de las personas involucradas en la búsqueda de justicia de este caso y elimine de manera inmediata los obstáculos que impiden alcanzarla.