Graves retrocesos en derechos humanos y justicia en Perú: Ante la CIDH representantes de víctimas reiteran la urgencia de actuar ante Ley de Impunidad

• La ley de Impunidad, recientemente promulgada por el Congreso, pone en riesgo el acceso a la verdad y justicia de varios casos comprendidos en el Comunicado de Prensa Conjunto, firmado por el Estado peruano en 2001.  

• Durante la audiencia, solicitamos que se incluya a Perú en el grupo de países que desconocen al Sistema Interamericano y sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

Washington DC. 15 de noviembre de 2024 –El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y  víctimas integrantes de ANFADET participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las organizaciones de sociedad civil que acompañan a las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno en el país, conocidos como los casos del Comunicado de Prensa Conjunto. Durante la audiencia,  manifestamos nuestra profunda preocupación por los graves retrocesos en el acceso a la justicia en Perú, derivados de la promulgación de la llamada Ley de Impunidad. Ante el incumplimiento del Estado peruano de combatir la impunidad, instamos a la CIDH a incluir a Perú en el capítulo IV.B de su informe anual, reservado para los países donde persisten situaciones graves de derechos humanos que requieren especial atención por parte del sistema interamericano y los Estados miembros de la OEA.

El Comunicado de Prensa Conjunto fue un acuerdo firmado el 22 de febrero de 2001 entre la Comisión y el Estado de Perú para reconocer su responsabilidad y reparar 165 casos de hechos ocurridos durante el conflicto interno armado (1980 – 2000). Estos casos abarcan más de 500 víctimas e incluyen graves violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y esterilizaciones forzadas, entre otros abusos. Entre las medidas de reparación, el Estado se comprometió a realizar investigaciones en el marco del ejercicio autónomo del poder judicial y a determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, pese a estos compromisos, los avances han sido limitados y la impunidad sigue siendo la norma.

Durante la audiencia manifestamos que el Estado peruano ha pasado de una postura de apertura para esclarecer las violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto, a una actitud de negacionismo explícito, intentando desconocer la existencia misma del conflicto armado. En este contexto, Perú ha impulsado reformas legislativas que fomentan la impunidad, borran la memoria de los hechos ocurridos y debilitan a los operadores de justicia que buscan cumplir con los estándares internacionales. Una de las más alarmantes es la aprobación de la Ley de Impunidad (Ley 32107) en agosto de este año, que dispone que nadie puede ser “procesado, condenado o sancionado” por hechos cometidos antes del 1 de julio de 2002.

Esta ley ya está impactando el acceso a la justicia en los casos comprendidos en el Comunicado de Prensa Conjunto. Al menos 19 procesos en etapa de juicio oral o con sentencia condenatoria y 16 investigaciones preliminares, todos vinculados a estos casos, podrían verse afectados. Aunque los operadores de justicia podrían ejercer el control de convencionalidad —dejando de aplicar la ley nacional en caso de contradicción con los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos humanos—, ya se han registrado represalias y actos de amedrentamiento contra quienes han optado por no aplicar esta ley. Ante ello, el Estado peruano señaló que cada juez debía hacerse cargo de resolver los casos de forma individual. No obstante, no informó sobre ninguna medida de seguridad para protegerles de las represalias que ya se han documentado. 

También se destacó que la Ley de Impunidad no es la única iniciativa preocupante. Otros proyectos legislativos proponen otorgar amnistías a miembros de las fuerzas armadas y la policía implicados en violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado; crear una comisión congresal para fiscalizar jueces y fiscales; y eliminar el control difuso judicial, restringiendo la capacidad de los jueces de revisar la constitucionalidad de las leyes.

Debido a las graves implicaciones que estas reformas tienen para la protección de los derechos humanos en Perú, solicitamos a la CIDH que incluya a Perú en el capítulo IV.B de su informe anual. Esta inclusión está plenamente justificada al cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento CIDH: i) la existencia de una grave crisis institucional que atraviesa el país; ii) el incumplimiento sistemático del Estado en su obligación de combatir la impunidad; y iii) la omisión en adoptar disposiciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales y cumplir con las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana. 

El grave debilitamiento institucional y democrático en Perú representa un serio retroceso para el Estado de derecho y para los derechos humanos en la región. Ante esta preocupante situación, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene estas acciones regresivas y solicitamos a la CIDH que active todos los mecanismos a su disposición para contribuir a la protección de las víctimas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la restauración del respeto a los derechos humanos en Perú.