Familiares y organizaciones de derechos humanos demandan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Nicaragua libere a las personas presas por motivos políticos

San José, 10 de noviembre-2022.– El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro, la Iniciativa Nicaragüense, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, CEJIL, Raza e Igualdad, y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos participaron este 9 de noviembre en  una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que informaron que el Estado de Nicaragua se mantiene en desacato respecto de la orden de la Corte que dispuso la liberación de 70 personas beneficiarias de medidas provisionales, que se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en ese país.

En el petitorio presentado, Cluadia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL, en nombre de las organizaciones representantes, solicitó a la Corte que reconozca que las acciones deliberadas llevadas a cabo para causar sufrimientos a las personas beneficiarias como represalia por su oposición al régimen, sumadas a las condiciones de detención a las que están sometidas deben ser consideradas como tortura y por lo tanto deben cesar de manera inmediata. Asimismo, que reconozca que la privación arbitraria de libertad por motivos políticos somete   a las personas a graves y múltiples violaciones a sus derechos humanos.

“Mientras se surten los trámites administrativos, proceda a garantizar la vida e integridad de las personas beneficiarias y en particular, el acceso inmediato a servicios de salud especializados y medicamentos, así como a una evaluación realizada por médicos independientes, el acceso a la alimentación y a agua potable”, alegaron las organizaciones.

Adicionalmente, exigieron que se garanticen condiciones dignas de detención, que el Estado de Nicaragua elimine la práctica de revisiones y requisas que afecten la intimidad y la dignidad durante las visitas familiares; facilite su contacto inmediato con familiares y abogados, como lo establece la ley; y elimine los antecedentes judiciales a las personas presas políticas causados por estos procesos ilegales e ilegítimos.

Esteban Madrigal, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, recordó que las personas beneficiarias participaron de las protestas cívicas de 2018, son defensoras de derechos humanos, activistas, feministas, estudiantes, líderes y lideresas sociales, personas opositoras políticas -incluidas precandidatas a la presidencia del país- y figuras históricas de Nicaragua. Todos ellos y ellas están privadas de libertad por luchar pacíficamente por los derechos humanos y la democracia.

Personas privadas de libertad y familiares están sufriendo tortura

Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, detalló el tipo de tortura que viven las personas privadas de libertad por motivos políticos en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua.  Las prácticas que dañan su integridad física incluyen: alimentación escasa y de mala calidad, hacinamiento, restricciones a la luz solar, mantenerlos bajo penumbra o con las luces encendidas permanentemente, negativa de proporcionarles frazadas para que se cubran del frío, imposibilidad de acceder a lentes, prohibición de ingresar libros o incluso, biblias y cualquier tipo de asistencia espiritual; la imposición arbitraria de celdas de castigo y confinamiento solitario.

“Las personas que se enferman en las cárceles y quienes padecen de enfermedades crónicas no han recibido atención especializada en salud y, por lo tanto, sus familiares desconocen la evolución de estas enfermedades”, señaló Flores quien también refirió que varias de las personas beneficiarias recluidas han sido víctimas de fuertes y reiteradas golpizas por custodios policiales, amenazados de muerte, de reclusión indefinida o de “quitarles a sus hijos”.

Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), mencionó que no sólo las personas privadas de libertad están viendo vulnerados sus derechos, sino que también sus familiares han sido víctimas de hostigamiento y tocamientos indebidos al realizar las visitas.

“Durante las visitas, sobre todo familiares mujeres, han sido víctimas de violencia física, tocamientos indebidos, agresiones sexualizadas y utilización de la maternidad como coerción psicológica”. Además, agregó que los niños, niñas y adolescentes se ven impedidos de comunicarse con sus padres y madres detenidos. Algunas beneficiarias iniciaron huelgas de hambre para exigir una visita. Únicamente dos beneficiarios lograron acceder a una sola visita de menores de edad. Salazar también mencionó que familiares han sido despojados de sus pasaportes y otros no pueden retornar a Nicaragua.

Ante la Corte IDH también dieron testimonio algunos familiares de las personas encarceladas por motivos políticos.

“Hoy estoy aquí alzando mi voz por su salud. Solo sabemos que le dio un derrame cerebral”, y se encuentra postrado en una cama en un Hospital bajo custodia policial desde hace 14 meses, mencionó el hijo de Eliseo Castro, quien fue detenido hace más de 3 y condenado a 6 años de prisión. La misma angustia expresó Silvia Gutiérrez, sobre su madre Evelyn Pinto: “Ha sido una tortura mantenerla sin atención de salud y encerrada y no poder ver a sus hijos y nietos, por más de 300 días”.  Carla Mendoza, hermana del periodista Miguel Mendoza, condenado a 9 años de prisión, expresó su temor por la vida y salud de su hermano, ya que para que le permitieran ver a su hija de 8 años, inició desde fines de agosto una huelga de hambre, sin que las autoridades hayan permitido una visita a la fecha. Por su parte, María Margarita Hurtado, familiar de Juan Sebastián Chamorro recordó a la Corte que “Yo también fui presa política y sé lo que se enfrenta mi tío. En toda esta farsa judicial ha estado en indefensión. Ya son 519 días en los que no ha estado con nosotros”.

Finalmente, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la ausencia de la representación del Estado de Nicaragua y ante el hecho que ninguna medida de protección se ha cumplido, y que “Nicaragua se encuentra en desacato absoluto” respecto de las medidas otorgadas por la Corte llamó a los Estados Americanos apliquen la garantía colectiva de los derechos humanos. La Comisionada finalizó insistiendo a la Corte que debe pedir una visita a Nicaragua.