Expuestas violaciones de derechos humanos en Venezuela

Washington, D.C. 19 de octubre 2015.- Varias organizaciones denunciaron esta mañana la grave situación de derechos humanos en Venezuela, destacando las ejecuciones extrajudiciales, violencia contra las mujeres, los altos niveles de impunidad, la situación en la frontera con Colombia y la de defensores y defensoras de derechos humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC); Vicaría  de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Amnistía Internacional, y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado venezolano sus observaciones en relación a la situación actual de derechos violados dentro del país.

“En el 2015, se han registrado 590 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representa un aumento del 18% del mismo periodo en el 2014”, dijo Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de COFAVIC. “El 60% de violaciones a los derechos humanos se dieron en el marco de operativos de seguridad ciudadana. Es preocupante que la mayoría de estos casos no tienen resoluciones conclusivas, con condenas. Esto resulta en la proliferación de estos crímenes”.

Se calcula que en el año 2014 se registraron 8.049 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. No obstante solo se realizaron 105 juicios, lo que representa el 1.3% de los casos. Además, de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre el 2011 y el 2014 poco más del 3% han resultado en una acusación por parte del Ministerio Público.  Asimismo, en casos de  violencia contra las mujeres, se ha registrado un índice de impunidad superior al 96%.

“En el 2014, la Fiscalía registro 70.763 casos de violencia en contra de las mujeres, de los cuales solamente 0.7% llegaron a juicio”, dijo María Noel Leoni, abogada de CEJIL, “Pedimos a la CIDH que inste al Estado a implementar con urgencia las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar estas violaciones.”

A su vez, se resaltó como punto adicional de preocupación la situación de migrantes Colombianos en la frontera Colombo-Venezolana.

“Nos es de particular preocupación la situación en la frontera de Venezuela con Colombia”, dijo Jose Gregorio, representante de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas. “Hemos podido observar masivas deportaciones de ciudadanos colombianos a los que no se les ha podido garantizar un debido proceso. Muchas de estas personas han sido obligados a salir solamente con lo que traían puesto, sus viviendas allanadas al ser expulsadas y familias separadas.”

Asimismo, ante los hostigamientos, campañas de desligitimización y graves amenazas  contra defensoras y defensores de derechos humanos, se destacó que en el año 2014 y lo que va del 2015, la situación de riesgo vivida por defensores y defensoras se constató ante distintas instancias internacionales de derechos humanos.

“Esta es la primera vez en que Amnistía atiende una audiencia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la situación de Venezuela porque estamos sumamente preocupados por las represalias que ocurren cuando defensores y defensores intentan acceder a la justicia, particularmente ante instancias internacionales”, dijo Marco Gomez de Amnistía Internacional.

Al concluir la audiencia, los peticionarios instaron a la CIDH a analizar y seguir los efectos del Operativo de Liberación del Pueblo, un operativo de seguridad pública en el que participan militares.

Además, solicitaron a la  Comisión que tome nota sobre el uso de la fuerza armada para los planes de seguridad ciudadana y el aumento de las ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, que dé seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres y la impunidad que los caracteriza;  que realice un informe especial sobre la situación del derecho a defender derechos humanos en Venezuela, o se realice un estudio del impacto hacia defensores por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Finalmente, los peticionarios solicitaron a la CIDH que considere como especialmente apremiante su rol de protección a través del otorgamiento y seguimiento a medidas cautelares.