Exigimos una Ley de Reconciliación Nacional respetuosa de las obligaciones de El Salvador

San José, Costa Rica; San Salvador, El Salvador, 15 de julio de 2019.- El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico para El Salvador, en respuesta a un recurso interpuesto por un grupo de ciudadanos/as. A través de su decisión –que a su vez se desprende de lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños– declaró la inconstitucionalidad de la Ley Amnistía General para la Consolidación de la Paz, vigente desde 1993. Con esta decisión, se abrió una puerta para que miles de sobrevivientes de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en la historia reciente del país pudieran acceder a la justicia que se les había sido negada por décadas.

Con esta decisión, la Sala ordenó a la Asamblea Legislativa ajustar la normativa interna, con el fin de que fuera consonante con las obligaciones internacionales que El Salvador asumió de manera voluntaria. Así, la Asamblea debía regular los medios para garantizar el acceso a información pública de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado; disponer los recursos adecuados para responder a las exigencias de las víctimas en materia de justicia y considerar las medidas de reparación integral para las víctimas. No obstante, a 3 años de tomada esa decisión por la instancia más alta del poder judicial, el país aún está en deuda con la verdad, la memoria y la reconciliación.

Hasta hoy la Asamblea Legislativa no ha emprendido esfuerzos sustanciales para cumplir con la resolución de la Sala, que se traduzcan en una norma respetuosa de los derechos humanos. Por el contrario, solo han impulsado una iniciativa legislativa, carente de participación de parte de las sobrevivientes y sus representantes y que no hacía más que garantizar impunidad por delitos tan graves como la desaparición forzada, la tortura, la comisión de masacres, entre otras atrocidades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos –el tribunal más alto de la región– constató que el Estado en su conjunto era responsable de estas graves violaciones a los derechos en las distintas sentencias emitidas contra El Salvador. En ellas, determinó que debía tomar las medidas necesarias para impartir justicia por lo ocurrido, permitir el acceso a información en manos del Estado y contribuir a la memoria histórica y abonar a la reparación de los daños causados.

Las organizaciones firmantes, si bien reconocemos que la resolución de la Sala de lo Constitucional derribó los muros del silencio en El Salvador, exigimos que el Órgano Legislativo y los demás Órganos del Estado, asuman esta responsabilidad y abra camino a través de una discusión amplia, que considere los más altos estándares en la materia y que permita que la visión de quienes han sufrido las consecuencias de estas graves violaciones de derechos humanos puedan ser escuchadas.

Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a mantener la atención sobre esta discusión y aportar a ella todos los aspectos que sean necesarios. Esto, con el fin de garantizar que la normativa cumpla con lo necesario para permitir el avance pronto de una ley adecuada a las necesidades del país. 

Por último, recordamos que la impunidad del pasado permea a la sociedad del presente. El Salvador puede cambiar su historia, y construir un capítulo más justo para todos y todas. Porque sin justicia, la verdad y la reconciliación son nada más que aspiraciones.