Esterilizaciones forzadas en Perú: Condenan a un médico, pero la impunidad persiste

Lima, Perú. 19 de julio del 2024. – DEMUS – Estudio para la Defensa de la Mujer, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones representantes de María Mamérita Mestanza y su familia, lamentamos que a 26 años de su muerte, sólo se haya condenado uno de los autores materiales en la sentencia emitida por una de las Salas Penales del Poder Judicial, el pasado 10 de julio. 

Esta decisión condena al médico que se negó a atender a Mamérita cuando acudió al hospital con complicaciones derivadas de la cirugía a la que fue sometida. El juzgado lo declaró responsable del delito de exposición a peligro de persona dependiente, y reconoció que el mismo se llevó a cabo en un contexto de violación a derechos humanos, en perjuicio de María Mamérita Mestanza. El médico fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitado del cargo por 3 años. Se ordenó la suspensión de la condena por tres años. Esta decisión no reconoce la responsabilidad material e intelectual de los otros profesionales involucrados en el caso, por lo que la impunidad persiste. Asimismo, ningún médico ha sido denunciado o juzgado por la vulneración a los derechos reproductivos de Mamérita Mestanza.

Mamérita Mestanza falleció a raíz de una infección agravada por falta de atención médica, luego de haber sido sometida a una esterilización forzada. Mamérita fue víctima de la violación a sus derechos reproductivos, como el derecho a planificar la familia, acceder a la más amplia gama de métodos anticonceptivos y al consentimiento previo, libre e informado. Su caso no fue un hecho aislado:  se estima que se realizaron 272.028 esterilizaciones de mujeres en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), conducido en el Perú entre 1995 y el año 2001, durante la dictadura de Alberto Fujimori. Estos hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad. 

Si bien esta condena es un avance importante en la búsqueda de justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Mamérita Mestanza, la absolución de  las demás personas investigadas perpetúa la impunidad. Precisamente, como consecuencia de las demoras en esta investigación, dos de los siete denunciados han fallecido y sólo tres han sido investigados y juzgados. Además, persisten las demoras y obstáculos en los procesos en contra de los autores intelectuales del PNSRPF, entre los cuales se encuentra Alberto Fujimori y los ex Ministros de Salud encargados de implementar el PNSRPF Eduardo Yong Motta -recientemente nombrado director del Hospital Loayza- y Alejandro Aguinaga- actualmente congresista.

Respecto de los autores materiales, si bien Alberto Fujimori se encuentra más cerca de ser procesado por los casos de esterilizaciones forzadas ya que se amplió su extradición desde Chile, resulta sumamente preocupante la posición negacionista del Estado peruano respecto de las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado en Perú cómo lo es el caso de Mamérita. Ello no solo se ha traducido en discursos, sino también en un proyecto de ley próximo a entrar en vigencia, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, contradiciendo los principios de derecho internacional, como lo recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cabe anotar que, en el 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa donde admitió su responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Mamérita Mestanza y su familia, comprometiendose a investigar y sancionar a todos los responsables directos y mediatos de estos hechos. Sin embargo, ese acuerdo no se ha cumplido. Mientras tanto, las representantes de Mamérita Mestanza y su familia hemos apelado la decisión de la Sala Penal. 

Las organizaciones representantes de Mamérita Mestanza y su familia demandamos a las autoridades que cumplan con su deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores directos y mediatos de los casos de esterilizaciones forzadas. Asimismo, instamos a las autoridades a avanzar en el proceso penal contra Alberto Fujimori y los ministros involucrados en la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva, para garantizar el acceso a la justicia y reparación a la familia de Mamérita y  a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú.