Estados Unidos debe respetar sus responsabilidades internacionales de DDHH en la frontera con México

Washington, D.C., 21 de junio del 2018.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denuncia el trato inhumano que han recibido las personas migrantes y sus hijos/as en la frontera entre Estados Unidos y México. Como organización de derechos humanos, nos ha horrorizado conocer sobre la separación de niños/as de sus padres y madres, evidenciada a través de imágenes durísimas, grabaciones y testimonios. 

Desde el pasado 6 de abril, aproximadamente 2.300 niños y niñas han sido separados/as de sus familias  mientras sus padres han sido enviados y expuestos/as a persecución penal. La fecha coincide con la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de implementar una política migratoria de “tolerancia cero” para aquellas personas que fuesen aprehendidas atravesando la frontera con México.
Estas separaciones y posteriores detenciones ejecutadas por Estados Unidos violan una serie de normas del derecho internacional de los derechos humanos. Frente a esto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mantiene estándares claros sobre las detenciones en contextos de migración. Los órganos interamericanos han señalado que éstas decisiones no pueden ser punitivas en su naturaleza, y que deben cumplir con los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Esto quiere decir que se debe analizar rigurosamente cada caso, dejando la detención como última medida y buscando alternativas en todas las situaciones en que sea posible.

En esta misma línea, el interés superior del niño/a debe guiar la toma de decisiones relacionadas con su cuidado, evitando con ello efectos negativos en su desarrollo. Asimismo, los procesos acelerados y masivos de persecución penal contra sus padres, a raíz de su migración irregular, aunados a la posterior deportación, levantan serias dudas sobre la garantía del debido proceso y el derecho a pedir asilo. 
Desde CEJIL reconocemos el rol que defensores/as de derechos humanos han asumido para acompañar a las familias detenidas y separadas en la frontera y buscar respuesta ante estas graves vulneraciones. El activismo, sumado a la reacción de la comunidad internacional, detonó la reacción de la Casa Blanca materializada en la firma de un decreto ejecutivo de parte de su presidente, el pasado 20 de junio, para permitir que las familias no sean separadas durante las detenciones. 

Si bien la nueva orden modifica las detenciones para no separar a los y las niñas de sus padres durante las detenciones, aún quedan interrogantes sin resolver. ¿Ahora se va a detener a las familias completas, por periodos indeterminados de tiempo, en contravención al derecho nacional e internacional? ¿Cómo permitirán que las miles de familias separadas se vuelvan a reunir? ¿Cómo serán reparadas las personas afectadas por esta decisión? Estas son preguntas que el Estado debe abordar de manera urgente.

A partir de este contexto preocupante, desde CEJIL reiteramos nuestro pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que priorice el estudio de la situación de niñez no acompañada en contexto de migración, a través del caso presentado por CEJIL junto con Jennifer Harbury and Sarah Paoletti en 2015. El desarrollo continuo de estándares interamericanos será un recurso útil y necesario para luchar contra políticas migratorias injustas, que atentan contra los derechos humanos.

Mientras, en el corto plazo, llamamos a Estados Unidos a que respete el derecho internacional y sus obligaciones en materia de derechos humanos para el diseño y la implementación de la política migratoria. El Estado debe considerar la situación de riesgo en que se encuentran muchas de las personas que llegan a la frontera. Miles de ellos/as huyen de situaciones de vulnerabilidad extrema, dejando atrás violencia y persecución en su contra, aspectos que deben ser considerados a la hora de otorgarles protección internacional.

En el largo plazo, desde CEJIL hacemos un llamado enérgico a los países de origen y destino, para que asuman políticas para evitar que la violencia y desigualdad se perpetúen, garantizando los derechos de su población para ésta que no se vea obligada a migrar.