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Estado salvadoreño en deuda con familia García Prieto
San Salvador, El Salvador, 22 de febrero del 2010.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado de El Salvador aún no ha cumplido la totalidad de las medidas ordenadas en la sentencia del caso García Prieto, emitida el 20 de noviembre del 2007. Lo anterior fue establecido por el Alto Tribunal en una resolución emitida el pasado 18 de febrero, luego de una audiencia pública celebrada el 28 de enero del año en curso, a la cual asistieron el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como representantes de las víctimas; también comparecieron la delegación estatal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Corte IDH consideró que el Estado “tiene la obligación de intensificar sus esfuerzos y realizar todas las acciones pertinentes, a la mayor brevedad, a fin de avanzar en las investigaciones del homicidio de Ramón Mauricio García Prieto Giralt y de los actos de amenazas y hostigamientos sufridos por el señor José Mauricio García Prieto Hirlemann y la señora Gloria Giralt de García Prieto”. Ramón Mauricio fue asesinado en la ciudad de San Salvador por un “escuadrón de la muerte”, el 10 de junio de 1994.
Al respecto, el IDHUCA y CEJIL informaron que desde que se dictó la sentencia no se han realizado las diligencias destinadas a esclarecer los hechos. Agregaron que ni siquiera se han considerado los señalamientos de la Corte Interamericana incluidos en su sentencia, que apuntan a retomar las diligencias que no fueron hechas de forma adecuada o a iniciar las que no se llevaron a cabo.
También se encuentra pendiente la medida de reparación el punto referente a la atención médica y psicológica para los padres de Ramón Mauricio. Su ejecución debió iniciar desde que se emitió la sentencia. Los agentes estatales se comprometieron en la audiencia pública a cumplir con este punto a la brevedad.
La Corte reconoció como positivo el compromiso estatal de publicar de nuevo partes de la sentencia, ahora en un periódico de la más amplia circulación nacional, debido a que la anterior presentaba deficiencias que fueron señaladas por las víctimas.
El Alto Tribunal indicó que continuará dando seguimiento a los puntos pendientes de cumplimiento y requirió al Estado la presentación, a más tardar el 5 de mayo del 2010, de un informe al respecto.
El IDHUCA y CEJIL solicitan al Estado que cumpla con lo ordenado por la Corte Interamericana, para que la lucha de Gloria y Mauricio García Prieto tenga como resultado la verdad de lo ocurrido a Ramón Mauricio García Prieto y se dé con los responsables de las amenazas y hostigamientos que han sufrido a través de los años, como represalias por su constante y valiente demanda de justicia.
Información de contacto
En El Salvador
IDHUCA
Henry Paúl Fino Solórzano
(503) 2210 – 66 00 ext. 411 ó 412
Correo: [email protected]
En Costa Rica
CEJIL
Nancy Marín
(506) 2280-7473
