Estado salvadoreño deberá rendir cuentas ante CIDH sobre medidas cautelares a favor de periodistas de El Faro

San Salvador y San José, 22 de junio de 2021.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó de oficio a una Reunión de Trabajo para evaluar la implementación de las medidas cautelares a favor de 34 periodistas del periódico digital El Faro.  Esta reunión se realizará de manera virtual el miércoles 23 de junio y tendrá carácter privado. Se espera que el Estado informe sobre las acciones implementadas para garantizar la seguridad y el goce de pleno de derechos al personal del medio de comunicación.

El pasado 4 de febrero, la CIDH otorgó medidas cautelares a las personas que laboran en este medio por considerar “que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” por motivo de su actividad periodística en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

En su resolución, la CIDH enumeró los hechos que evidencian ataques a la libertad de prensa y riesgos para la seguridad personal de las y los comunicadores, entre ellas: amenazas de muerte a través de las redes sociales y terceras personas, publicación de datos familiares del personal del periódico, denuncias de seguimientos y declaraciones de funcionarios públicos en descrédito de la labor informativa.

En las medidas cautelares se ordena al Estado la adopción de acciones para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de prensa, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos. Adicionalmente la CIDH señaló que se debe investigar las amenazas y ataques en su contra y así evitar su repetición.

Para El Faro y sus representantes la Reunión de Trabajo es una oportunidad para exponer cómo la actual coyuntura política de concentración de poder y fragilidad del Estado de Derecho incrementa el riesgo inminente para la labor periodística ante la censura, los hostigamientos y amenazas constantes.

En noviembre de 2020, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la CIDH dichas medidas, en aras de que se proteja la vida, seguridad e integridad personal de las y los comunicadores de El Faro. Para ambas organizaciones es claro que, sin libertad de expresión, no hay democracia posible.