28 de febrero de 2020 Comunicado de Prensa

En Nicaragua no hay voluntad para garantizar los derechos humanos

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Ginebra, 28 de febrero de 2020- Representantes de organizaciones internacionales aglutinadas en el Observatorio Internacional sobre la situación derechos humanos en Nicaragua nos dirigimos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunido en sesiones preliminares, para recordar la grave crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde abril de 2018, producto de la persistente represión estatal.

Hasta el día de hoy, han dejado al menos 328 personas asesinadas y más de 100,000 personas desplazadas forzosamente, principalmente a Costa Rica.

A pesar de que más de 500 personas fueron excarceladas entre febrero y diciembre de 2019, a la fecha al menos 65 personas continúan detenidas por motivos políticos. Muchas de las personas excarceladas y sus familias viven bajo constante asedio policial y parapolicial. A esto se suma la falta de seguridad jurídica en el país que, en general, no garantiza las normas mínimas del debido proceso, y en particular, no ha sobreseído definitivamente los casos de las personas excarceladas.

La violencia letal se mantiene en las áreas rurales, principalmente en el norte de Nicaragua y ha cobrado la vida de personas campesinas señaladas como opositoras al régimen. Continúan las agresiones, amenazas y represalias hacia las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, indígenas, afrodescendientes excarceladas, familiares de víctimas de la represión, miembros de la Iglesia católica y contra la ciudadanía que ejerce su derecho a disentir. 

Las mujeres y la población LGBTI+ ha sido especialmente vulnerables en estas circunstancias. Al menos 334 mujeres, entre ellas ocho trans, sufrieron detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización por razones políticas. Durante su detención, ambos grupos estuvieron particularmente expuestos a malos tratos y agresiones sexuales.

Además, el gobierno nicaragüense insiste en entorpecer el derecho de asociación y el derecho a la defensa de derechos humanos La personería jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales sigue sin reestablecerse desde diciembre de 2018. Por el contrario, el acoso administrativo se ha profundizado con la poca transparente implementación de nuevas multas y prohibiciones.La libertad de expresión también continua fuertemente restringida. los programas informativos “Esta Semana”, “Esta Noche” y “100% Noticias”, continúan sin poder transmitirse en televisión abierta. Sus oficinas y equipos de trabajo permanecen ocupados por la policía desde hace más de un año.

Las elecciones presidenciales de 2021 añaden un factor de riesgo de aún mayor violencia y represión en el futuro próximo. Al día de hoy, en Nicaragua no existe el menor indicio de que las autoridades tengan voluntad para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y sus familiares.

Por lo tanto, solicitamos a las representaciones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas que:

1. Renueven la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” para que OACNUDH mantenga y fortalezca su labor de monitoreo, documentación e información a la comunidad internacional sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua –especialmente como una contribución para garantizar la rendición de cuentas del gobierno y reestablecer el Estado de Derecho a través de, entre otras medidas, reformas del sector de la seguridad.
2. Emitan una resolución sustantiva que no se limite a realizar una actualización técnica, sino que recupere y refleje los valiosos hallazgos de la Oficina de la Alta Comisionada al respecto de la todavía crítica situación que enfrenta la población nicaragüense.
3. Continúen dando seguimiento a la situación en Nicaragua hasta que el Estado cese la represión y asuma su compromiso de garantizar verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición a la población.
4. Insten al Estado de Nicaragua a reanudar un diálogo nacional inclusivo que permita acordar los términos y condiciones de la transición democrática.
5. Promuevan el monitoreo de los derechos humanos en el contexto previo a las elecciones presidenciales de 2021, para que se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y opinión, a la libertad de asociación y reunión pacífica, así como el derecho a votar y a ser elegido.

La falta de voluntad política en Nicaragua para solucionar democráticamente esta larga crisis, requiere de una voluntad redoblada del Sistema Universal de protección de los derechos humanos. No podemos desamparar a quienes resisten y sobreviven en una Nicaragua donde lo único “normal” es la violencia estatal.

Organizaciones firmantes

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL

CIVICUS

Front Line Defenders

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Plataforma Internacional contra la Impunidad -PI

Asociados por lo Justo -JASS

UDEFEGUA

Washington Office for Latin America -WOLA

Race and Equality

Due Process of Law Foundation -DPLF

Fondo de Acción Urgente