En Guatemala sí hubo genocidio y el Estado aún tiene deudas históricas con la justicia

Ciudad de Guatemala, 27 de septiembre del 2018. El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal de Alto Riesgo B dio lectura por poco más de dos horas a la sentencia por el genocidio ixil. En ella, acreditó que el ejército de Guatemala perpetró más de 60 masacres y ataques contra el pueblo maya, entre los años 1982 y 1983. Asimismo, tuvo por probado que durante ese periodo se cometieron delitos contra los deberes de. Por último, por medio de una votación dividida, eximió de responsabilidad penal al ex general y jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, al considerar que no había sido probada su participación directa en las violaciones de carácter grave y sistemático.

Desde el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), resaltamos la lucha histórica del pueblo maya ixil y su búsqueda de justicia por más de 30 años. Ayer se reconoció su verdad y se probó que lo ocurrido no fue un enfrentamiento armado, sino la aniquilación sistemática de un pueblo indígena, la destrucción de sus medios de vida, el rompimiento del tejido social. Además, se demostró que hubo una estructura que diseñó, planificó y ejecutó planes para sembrar terror y muerte, para usar el cuerpo de las mujeres como botín de guerra y para eliminar a generaciones completas del pueblo maya.
Como organización representante a nivel internacional en este proceso, reconocemos también el valor de la decisión del tribunal, que considera la normativa vigente del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, para establecer que el Estado de Guatemala violentó los derechos de la población. 

Ayer, 26 de septiembre quedó demostrado por segunda vez, y por dos tribunales distintos, que lo que el ejército, a través de su estructura, cometió contra el pueblo ixil fue un genocidio. Así pasará a la historia, que se reescribe con las voces, históricamente silenciadas y oprimidas. 

El tribunal leyó su veredicto con un gran ausente: José Efraín Ríos Montt. Su nombre resonó en la sala como el mayor responsable de estos operativos de terror, a partir del asumir en 1982 como jefe del Estado Mayor Conjunto. Ante la decisión de absolver de responsabilidad penal al ex general, este proceso acredita los hechos, pero culmina sin ninguna persona condenada. Este punto es de suma relevancia, pues compromete la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables de estos crímenes atroces, que violentan a la humanidad en su conjunto.

El Estado de Guatemala sigue en deuda también respecto a las responsabilidades de quienes han obstaculizado la justicia desde la presentación de la primera denuncia hace 18 años. No obstante, hoy Guatemala se construye hoy sobre la verdad incuestionable de las personas sobrevivientes. Desde CEJIL, con Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDDHH) seguiremos acompañando su lucha, en el marco del proceso pendiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Desde CEJIL exhortamos al Estado guatemalteco a que adopte de manera inmediata medidas para reparar las violaciones cuya responsabilidad se le ha atribuido, para garantizar los derechos de las víctimas y erradicar las causas estructurales que los hicieron posibles.