En 2012 asesinan a dos miembros más de la familia Barrios en Venezuela
Caracas, San José y Washington, D.C., 7 de enero del 2013.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) condenan el asesinato de dos miembros más de la Familia Barrios en Venezuela durante el año 2012.
Jorge Antonio Barrios y Víctor Tomás Navarro Barrios son el noveno y octavo miembros de dicha familia en ser ejecutados.
El 15 de diciembre del 2012, Jorge Antonio Barrios fue asesinado a disparos en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, estado de Aragua. Según los informes, Jorge Antonio Barrios recibió impactos de bala en la espalda mientras cruzaba la calle en motocicleta y en compañía de uno de sus primos. Los agresores se dieron a la fuga y Jorge Antonio Barrios falleció a causa del ataque. Jorge Antonio residía a unos 200 kilómetros del lugar de los hechos y hasta el momento se desconoce la identidad de los autores materiales o intelectuales, así como el posible móvil del hecho. Jorge Antonio Barrios era el hijo mayor de Benito Antonio Barrios, asesinado por funcionarios policiales del Estado de Aragua en 1998. Jorge Antonio presenció cuando su padre fue golpeado por los funcionarios y sacado con vida de su residencia, por lo cual era testigo clave para identificar a los agresores.
En circunstancias similares, el pasado 9 de junio del 2012, también en el sector El Huete de la ciudad de Cagua, Estado de Aragua, el menor Víctor Tomás Navarro Barrios fue asesinado mientras regresaba de una visita a un familiar en el mismo sector. Según los informes, sujetos desconocidos le dispararon causándole la muerte. Al igual que Jorge Antonio Barrios, Víctor Tomás solo se encontraba de visita en la casa de sus familiares. Actualmente, el proceso se encuentra en una fase inicial de investigación, sin que se haya procesado o acusado a presuntos responsables.
Entre 1998 y el 2011, fueron asesinados siete miembros de la familia Barrios y sus muertes permanecen en total impunidad. Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005), de tan solo 16 años de edad, fueron privados de su vida por agentes de la policía del Estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección en el ámbito nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes. También en el 2011 Néstor Caudi Barrios de 24 años de edad sufrió un grave atentado que lo dejó con lesiones de carácter permanente.
Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Venezuela el 14 de noviembre de 2011, por la violación del derecho a la vida y la integridad de los miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de una investigación de lo sucedido.
Resulta lamentable que hechos como estos se repitan, más aún cuando el Tribunal Interamericano estableció claramente las medidas que el Estado venezolano debía tomar para evitar la repetición de este tipo de crímenes, entre ellos, una investigación seria, diligente y eficaz de los hechos. A pesar de la sentencia y de la existencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH en su beneficio, se suman dos nuevos asesinatos de miembros de la familia Barrios y hace que estas muertes se mantengan en la absoluta impunidad.
Consideramos que el pronto y cabal cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana es la mejor manera de garantizar la no repetición de hechos similares. A un año de la sentencia para el Caso Familia Barrios, condenamos estos asesinatos e insistimos en que Venezuela cumpla con lo ordenado por la Corte de manera pronta y seria.
Asimismo, instamos al Estado venezolano ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo.