Elección de Fiscal General en Honduras presenta graves irregularidades

San José, 4 de julio del 2018.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación ante la falta de transparencia y legitimidad  en el proceso de elección y nombramiento de Fiscal General en Honduras, que culminó el pasado 30 de junio con la reelección de Óscar Chinchilla.

En primer lugar, hacemos un llamado de atención sobre el hecho de que se escogiera a Chinchilla, pese a que no participó del concurso público ni figuraba en la nómina presentada por el Congreso Nacional. Este procedimiento es contrario a lo estipulado en la Ley del Ministerio Público y la Constitución Política de la República, en donde se indica que el Fiscal General debe ser electo de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente.

Además, entre las personas que decidieron sobre quién será la cabeza del Ministerio Público se encuentran miembros del Congreso Nacional que actualmente son investigados por actos de corrupción. Esto implica un claro conflicto de interés que debió ser revisado y corregido a tiempo, a fin de preservar la legitimidad del proceso.

Coincidimos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al señalar que “la falta de observancia de la normativa constitucional y del principio de legalidad durante esta elección podría debilitar al Ministerio Público y a la institucionalidad nacional”. A esto se suma la falta de participación de sociedad civil en el proceso, lo que, tal como expresamos anteriormente, incumple con los estándares internacionales en la materia.

Seguir adelante con este nombramiento a pesar de las irregularidades del proceso es un precedente preocupante para la independencia judicial y debilita la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del país.

Tal como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “si no se  respetan  ciertos  parámetros  básicos,   el  régimen  de  selección  y  nombramiento  podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por parte de las autoridades que participan en el proceso,  en  virtud  de  lo  cual,   las  personas  escogidas  no  serían,  necesariamente,  las  más idóneas”.

Finalmente, recordamos que el rol de Fiscal General es vital “para el acceso a la justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos”. En este sentido, la persona elegida para este cargo debe demostrar un compromiso irrefutable con la investigación de violaciones de derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Independientemente de la persona electa, recordamos que el Estado de Honduras debe cumplir con su obligación de investigar de manera pronta y exhaustiva las violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas cometidas en el marco de la crisis política y en contra de personas defensoras de derechos humanos.