El Salvador rindió cuentas ante la CIDH

Washington, D.C. 20 de octubre de 2005

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Sobre el tema de las pandillas juveniles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), denunciaron ante la CIDH que las políticas represivas del gobierno son violatorias de los derechos humanos y que no han logrado reducir el índice de asesinatos en el país. Por el contrario los datos de la Policía, Medicina Legal y Fiscalía indican que hay un promedio de 12 muertes diarias, a causa de la violencia.

Otros aspectos que resaltaron las organizaciones son: las personas menores de edad son detenidas junto con adultas, los allanamientos masivos y reformas a la Ley de la Justicia Penal Juvenil van contra la Convención Internacional de los derechos de la Niñez. Los peticionarios también señalaron a la Comisión Interamericana que una efectiva lucha contra las maras debe comprender tres aspectos: prevención, represión e inserción social.

La represión por sí sola no es la solución, por lo tanto, los peticionarios solicitaron al Estado adoptar “estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales y que hagan frente a la raíz de la violencia y el delito entre los adolescentes, en pandillas o no, llevando a cabo políticas para la inserción social de adolescentes marginados; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas y programas de reintegración para los menores infractores”.

La Comisión manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que conllevan las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura ejecutadas por El Salvador e informó que próximamente presentará un informe sobre este tema.

En la audiencia del caso de Monseñor Romero la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CEJIL, evidenciaron el incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales, pues al día de hoy el Estado no ha realizado una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero, como se lo ordenó la CIDH, en el año 2000.

El Estado indicó que el caso está archivado, que ya prescribió y que no puede ignorar la ley de amnistía. Estos argumentos fueron cuestionados por los comisionados, quienes exhortaron a los agentes del Estado a investigar el asesinato y juzgar a los culpables. Ante una solicitud de los peticionarios, el Estado se comprometió a responder una propuesta, que estos le presenten, en materia de reparaciones, las cuales también fueron ordenadas, hace cinco años, por la Comisión.

Es importante señalar que han pasado 25 años desde el asesinato de Monseñor Romero y este crimen continúa en la impunidad, lo que envía un mensaje a la sociedad salvadoreña de que la violencia no es castigada por parte del Estado y por lo tanto se perpetúa.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.