Desde CEJIL compartimos la denuncia de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y la Fundación Cristosal.
10 de diciembre de 2024. El estancamiento del proceso judicial en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, el cual, a pesar de ser uno de los casos del conflicto armado con mayor cantidad y calidad de prueba, no ha sido elevado a la etapa final del plenario, vista pública y sentencia. La parálisis en el caso se ha producido desde el nombramiento de la actual jueza de Instrucciòn de San Francisco Gotera, Licda. Mirtala Portillo, en septiembre de 2021, tras la destitución inconstitucional de su antecesor, el juez Jorge Guzmán.
El 6 de noviembre de 2024, la actual jueza decidió separar del proceso judicial principal los casos de las desapariciones forzadas de las niñas Emelinda Hernández, Ana Julia y Carmelina Ramírez, cuya investigación ha sido ordenada también por dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), aunque estos hechos fueron cometidos en el marco de las mismas masacres. El desglose de estos casos les deja sin la mayor parte de la prueba contenida en el caso general de la masacre, relacionadas a la existencia del operativo militar de matanza y de la prueba relativa a la responsabilidad del ex ministro de defensa Guillermo García y de los restantes acusados, todos ex oficiales del Batallón Atlacatl. De esta forma, los procesos de las niñas desaparecidas, hoy separados, vuelven casi a su estado inicial.
En el caso de la niña Emelinda Hernández, a partir de las exhumaciones realizadas en el 2022, el mismo juzgado ordenó restituir los restos a su madre, lo cual se realizó en noviembre de este año y ha permitido cerrar un duelo largamente postergado. Sin embargo, la actual decisión judicial puede generar nueva incertidumbre en la familia, al iniciar la investigación nuevamente por desaparición, cuando el juzgado ya le había notificado de la “probabilidad razonable” de que los restos que le entregaba –y que ella veló y enterró– son los de su hija. Lo anterior, además, puede hacer sobrevenir en un efecto psicosocial adverso al proceso que ya se había adelantado con ella.
Los recursos de impugnación presentados en nombre de los familiares de las tres niñas han sido rechazados por la señora jueza, en un tono que evidencia su animadversión y parcialidad contra las actuaciones legítimas de la acusación particular, que representamos legalmente a las víctimas en el proceso.
Esta reciente decisión judicial se ha dado, además, en un contexto de recurrentes violaciones al debido proceso por parte de la señora jueza Mirtala Portillo, quien desde hace tres años aplica criterios judiciales dilatorios que han paralizado el avance efectivo del juicio. Entre ellas, el impulso de diversas diligencias de investigación que son repetitivas respecto de hechos ya probados, los cuales se realizan sin presencia de las partes y sin que exista previa orden judicial para su realización.
Por otra parte, el caso ha sido obstaculizado por la incorporación de una investigación por hechos distintos de la masacre y las desapariciones, relacionada a la persecución penal de ex diputados a quienes se les atribuye la aprobación de la ley de amnistía de 1993, retrasando el proceso al menos un año. Tal persecución fue ordenada bajo criterios jurídicos inconsistentes y en todo caso debió tramitarse por separado.
El estancamiento del proceso judicial se produce en un contexto de graves incumplimientos del Gobierno para aplicar las reparaciones ordenadas por la Corte IDH hace ya 12 años, así como de la negativa de la Asamblea Legislativa para dar trámite al Anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas del Conflicto Armando en El Salvador, presentado el pasado 29 de octubre, por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Al menos 143 víctimas de la masacre han fallecido desde la presentación de la denuncia original, sin haber tenido acceso a la justicia.
Por tanto, demandamos públicamente el pleno cumplimiento de las sentencias interamericanas y constitucionales que ordenan hacer efectiva la justicia y las reparaciones a favor de las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Especialmente exigimos que cese la retardación judicial del caso y se proceda a su pronta elevación a su fase de plenario, vista pública y sentencia.
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En el marco del 43 aniversario de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, desde CEJIL le invitamos a sumarse a esta lucha enviando una carta a las autoridades responsables, demandando justicia y reparación para las víctimas.
