El Salvador: exigimos participación de víctimas del conflicto en Ley de Reconciliación y que cierre el paso a la impunidad

San José, 21 de mayo de 2019.- Desde CEJIL expresamos nuestra preocupación ante el avance del trabajo de la Subcomisión establecida por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador para elaborar una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional. Esto, ante la premura y falta de transparencia con que sus miembros han empujado el proceso.

Desde la semana pasada, la Subcomisión se encuentra elaborando una propuesta normativa con el supuesto fin de cumplir con lo ordenado en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General, que impidió durante décadas el acceso de las víctimas a la justicia, verdad y reparación de las graves violaciones a derechos humanos sufridas.

Es su resolución, la Sala ordenó a la Asamblea que adoptara legislación relativa al acceso a información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la verdad y la justicia. 

Los únicos documentos hechos públicos hasta el momento que se están utilizando como insumos en la elaboración de la ley, incluyen una propuesta que es clara en sus objetivos: garantizar la impunidad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado y obstaculizar, una vez más, la búsqueda de justicia, verdad y reparación para las víctimas y la sociedad salvadoreña en su conjunto.

Hacemos énfasis en que la propuesta que está discutiendo la Asamblea Legislativa contiene indicaciones que comprometen las obligaciones de El Salvador emanadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, de sancionar una ley con estas características, El Salvador incumpliría una de las medidas dispuestas por la Corte IDH en su sentencia por las masacres de El Mozote y lugares aledaños, cometida en 1981, y que reanudó su proceso en 2016, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Particularmente, llamamos la atención sobre la inclusión de disposiciones en la ley en discusión que pretenden sustituir las penas de prisión por medidas de trabajo comunitario y la exclusión de casos para ser investigados y juzgados. Este tipo de disposiciones puede poner en riesgo el efectivo acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos del conflicto.

Como representantes de las demandas de quienes enfrentaron estas graves violaciones de derechos humanos, nos sumamos a las prerrogativas de las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. El pasado martes 21 de mayo, las organizaciones salvadoreñas solicitaron una audiencia para exponer una propuesta alternativa a la que está en discusión, para evaluar su ingreso a la corriente legislativa, pero la solicitud fue negada dando prioridad a la actual Ley de Reconciliación Nacional. 

La discusión de la iniciativa parlamentaria bajo estas condiciones revictimiza y significa un grave obstáculo para las víctimas, quienes han luchado durante más de 30 años para que se conozca la verdad y se lleve a cabo un proceso conducente a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Finalmente, expresamos una vez más nuestro apoyo y compromiso con las miles de víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en El Salvador que llevan más de tres décadas buscando que se esclarezca lo ocurrido. Nuestra historia así nos lo ha señalado: la impunidad del ayer, es la impunidad del presente.