El Salvador: escalada de persecución y ataques a la libertad de prensa contra el periódico digital El Faro

Las Américas, 9 de mayo de 2025. Las organizaciones internacionales firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de persecución y las amenazas de criminalización que viven periodistas del medio digital salvadoreño El Faro, por parte del régimen del presidente Nayib Bukele.

El 3 de mayo de 2025, El Faro denunció que la Fiscalía General de la República estaría preparando órdenes de captura contra al menos siete de sus periodistas. Los ataques han surgido tras la publicación de una investigación en la que dos ex-líderes pandilleros dan cuenta de pactos de tres de las principales pandillas con el entorno del presidente Nayib Bukele y revelan presuntos nexos entre el gobierno y estructuras de crimen organizado. A raíz de su trabajo periodístico el medio reportó una campaña de difamación y calumnias en su contra a través de redes sociales.

En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a integrantes de El Faro, al considerar que enfrentaban una situación de riesgo grave debido a amenazas directamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión sobre temas de interés público.

Un peritaje técnico realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto y la organización Access Now reveló que al menos 35 personas —incluyendo 22 miembros de El Faro— fueron objeto de espionaje mediante el software Pegasus, un programa de origen israelí que solo es vendido a Estados. Frente a estos hallazgos, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresaron su preocupación, subrayando que los teléfonos del equipo de El Faro fueron intervenidos de manera sistemática entre junio de 2020 y noviembre de 2021, en coincidencia con la publicación de investigaciones de alto interés público.

Las recientes amenazas contra El Faro se enmarcan en un patrón sistemático de criminalización y hostigamiento al periodismo independiente en El Salvador, caracterizado por un incremento sostenido de agresiones, la participación directa de funcionarios públicos en dichos actos y la implementación de un marco normativo restrictivo que contraviene estándares internacionales y limita gravemente el ejercicio de la libertad de prensa.

Al respecto, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 789 agresiones contra periodistas en 2024, lo que representa un aumento del 154% en comparación con las 311 registradas en 2023. Siete de cada diez de estas agresiones habrían sido cometidas por funcionarios públicos, consolidando al Estado salvadoreño, por acción u omisión, como el principal agresor de la prensa nacional. APES califica esta situación como un contexto de “asedio permanente” contra el ejercicio periodístico. Organismos internacionales, así como medios de comunicación de distintos países, han manifestado su preocupación ante esta situación.

Frente a esta situación, la CIDH y su RELE han reiterado que el Estado de El Salvador tiene la obligación de garantizar que periodistas y personas comunicadoras puedan ejercer su labor sin ser objeto de criminalización, intimidación o violencia. En el contexto actual salvadoreño, en el que las garantías fundamentales se ven particularmente vulneradas, el periodismo cumple una función esencial de fiscalización democrática, contribuyendo a visibilizar abusos de poder y violaciones a derechos humano, tal como lo ha expresado la CIDH en su Informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador de 2024.

En este marco, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, y en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a las relatorías de ambos sistemas regionales y de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión, a mantenerse vigilantes frente a los ataques contra la prensa en El Salvador. Reafirmamos que el Estado salvadoreño debe abstenerse de perseguir judicialmente a periodistas y asegurar un entorno propicio para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y, por el contrario, investigar el origen de la persecución, seguimiento, amenazas y ataques contra El Faro y sus integrantes.