El Salvador: Cientos de organizaciones piden rechazar proyectos mineros

Organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, grupos de fe, personas de la academia y juristas de 44 países piden al presidente Nayib Bukele que retire los cargos contra cinco defensores del agua y rechace los proyectos mineros en El Salvador.

San Salvador y Washington, D.C. – El 31 de enero, un amplio espectro de destacadas organizaciones de derechos humanos, medioambientales y grupos de fe, académicos y abogados publicaron una carta en la que piden al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que rechace los proyectos de minería tóxica en El Salvador y retire los cargos contra cinco defensores ambientales salvadoreños en vísperas de un nuevo juicio que está previsto para el 3 de febrero.

El 11 de enero se cumplió el segundo aniversario de la triste detención de cinco defensores del agua salvadoreños en 2023 por motivaciones políticas. Aunque los cinco fueron declarados inocentes de todos los cargos en un veredicto unánime de un tribunal en 2024, ahora se enfrentan a un nuevo juicio después de que una cámara de segunda instancia anulara la primera sentencia en una decisión que ha sido ampliamente condenada como una burla de la justicia.

Más de 300 grupos de 44 países y más de 180 académicos, investigadores y otras personas doctoradas junto con expertos en derecho de 21 países han firmado una carta con vistas al nuevo juicio, el 3 de febrero, donde reafirman su solidaridad hacia los cinco destacados defensores del agua salvadoreños que se enfrentan a cargos por motivaciones políticas.

Los cinco destacados defensores del agua desempeñaron un papel decisivo en el movimiento liderado por comunidades que consiguió en 2017 la histórica ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, la primera de este tipo en el mundo. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2024, la asamblea legislativa de El Salvador aprobó una nueva ley que permite de nuevo la minería en el país: La Ley omite las evaluaciones de impacto ambiental, carece de información transparente sobre las actividades mineras y no exige la consulta y el consentimiento de las comunidades que se verán afectadas.

A pesar de la afirmación de que sólo el Estado está autorizado a realizar actividades mineras en el país, la ley abre la puerta para que empresas mineras se asocien con el gobierno y las exime de cualquier abuso medioambiental que puedan cometer.

La carta de oposición a la minería está firmada por cientos de organizaciones que han atestiguado los impactos destructivos de la minería en todo el mundo (incluidos sus propios países), y que entienden que El Salvador se enfrenta a múltiples desafíos y amenazas ambientales que se verían exacerbados por la reintroducción de la minería.  La carta expone las formas en que la minería aumentaría el riesgo de contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos y problemas de salud pública en El Salvador, por lo que solicita al Presidente Bukele que escuche a los movimientos defensores del agua en El Salvador y no permita la apertura de nuevas minas.

Una encuesta reciente de la Universidad Centroamericana (UCA), publicada justo antes de la revocación de la prohibición de la minería el 23 de diciembre, reveló que el 61 por ciento de los salvadoreños se opone al regreso de la minería. La anterior ley de minería de El Salvador de 2017, que prohibía la extracción de metales, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Casi el ochenta por ciento de los salvadoreños se opusieron a la minería en una encuesta de 2015 de la UCA.

«Es notable que cientos de organizaciones expertas e individuos de 44 países se unan a más del 60 por ciento del pueblo salvadoreño para rechazar la minería de oro tóxica en El Salvador.  Debe respetarse la prohibición unánime de hace siete años de todas las extracciones de metales en El Salvador, que ha protegido los ríos de ese país», declaró John Cavanagh, del Institute for Policy Studies, y coautor de “Defender el Agua: Como la Gente de El Salvador Enfrentó la Codicia Empresarial”

«Rechazamos la criminalización de los Defensores del Agua de Santa Marta por su valiente liderazgo en la denuncia de la reactivación de la minería en El Salvador. Hacemos un llamado al Fiscal General para que retire los cargos contra estos líderes, que fueron absueltos de todos los cargos en octubre, y para que se proteja a la sociedad civil y a los líderes medioambientales que defienden la vida», ha declarado Christie Neufeldt, de la Iglesia Unida de Canadá.

«El agua es vida. Estamos con los Cinco de Santa Marta y apoyamos su compromiso de restablecer la prohibición de la minería de metales. Liberad para los cinco», ha declarado Peggy Goetz, de la Washington Ethical Society (Sociedad Ética de Washington).

«La nueva ley de minería de El Salvador supone un gran retroces en los esfuerzos del país por dar prioridad a la protección del medio ambiente. Ignorar por completo la ciencia y la oposición de un amplio espectro de la sociedad civil y las comunidades salvadoreñas es inconcebible, antidemocrático y pone en peligro la vida de las personas», afirmó Caren Weisbart, de Common Frontiers (Fronteras Comunes) de Canadá.

«Como demuestran las firmas de esta carta, los defensores del agua salvadoreños son héroes en todo el mundo, y no criminales como los pretende inculpar el gobierno del Presidente Bukele. También lo es El Salvador, con su histórica prohibición de la minería de metales, un faro de esperanza para millones de personas de todo el mundo que saben bien que el agua es vida,» ha declarado Dra. Robin Broad, Profesora de Investigación, American University y Guggenheim Fellow.

Lea la carta completa y la lista de firmantes: https://ips-dc.org/wp-content/uploads/2025/01/31-enero-2025-carta-firmantes-espanol.pdf