El Estado de Venezuela fue señalado como responsable por las ejecuciones extrajudiciales contra miembros de la familia Barrios

San José, Costa Rica, 30 de junio del 2011. El Estado venezolano es responsable por las ejecuciones extrajudiciales de siete miembros de la familia Barrios cometidas por agentes policiales del Estado de Aragua, y por mantener un patrón de impunidad alrededor de estos crímenes. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica. Las víctimas fueron representadas por la organización Justicia y Paz del Estado de Aragua, el Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 28 de agosto de 1998, Benito Barrios fue arrestado arbitrariamente en su casa por agentes policiales y fue hallado asesinado al día siguiente. A lo largo de los últimos 13 años, otros seis miembros de la familia han sido asesinados por fuerzas policiales. La última víctima fue Juan José Barrios, cuyo homicidio ocurrió el 28 de mayo de este año.

Los representantes de las víctimas expusieron cómo, tras el primer asesinato, las siguientes ejecuciones extrajudiciales tuvieron como motivo el acallamiento de algún testigo relacionado con el crimen de uno de sus familiares.

Además de las ejecuciones extrajudiciales, el caso involucra hostigamiento, amenazas, uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada por parte de agentes del Estado como una forma de amedrentamiento a la familia. Asimismo, se evidenció la falta de diligencia del Estado venezolano para garantizar la seguridad de las víctimas y sus allegados, quienes cuentan con medidas de protección dictadas por la Corte IDH.

Eloísa Barrios, hermana de cuatro de las víctimas y tía de tres, refirió cómo su hijo e hijas han sufrido detenciones arbitrarias, y cómo varias de sus hermanas han debido abandonar el Estado de Aragua ante el sentimiento de desprotección, lo cual ha significado la desintegración familiar.

Francisco Quintana, abogado de CEJIL, expresó preocupación por las declaraciones dadas por el fiscal Néstor Castellanos, quien estuvo a cargo de la investigación de algunos de los casos y declaró en calidad de testigo del Estado. Castellanos señaló que no podía aceptar como una línea de investigación la premisa de que el Estado venezolano ejecutara personas..

Luis Aguilera, representante de Justicia y Paz, afirmó que este caso es «emblemático de la violencia y la impunidad que han padecido centenares de familias en Venezuela a causa de la actuación ilegal de agentes de la policía y de la impunidad institucionalizada».

Entre las reparaciones que debe emprender el Estado, Ariela Peralta, Sudirectora Ejecutiva de CEJIL, solicitó a la Corte que ordene una investigación pronta y exhaustiva de las pesquisas llevadas a cabo en el caso de estas graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo solicitó que se le exija Venezuela la implementación de un registro de detenidos accesible y público como salvaguarda frente a malos tratos y torturas que pudieran cometerse en dependencias policiales. También requirió que se ponga en marcha una política pública de reformas estructurales en los distintos niveles de justicia y de la policía.

Por su parte, Eloísa Barrios concluyó su declaración con una solicitud: «Que se haga justicia y que no caigan más miembros de mi familia».