El Estado de Costa Rica responde ante la CIDH sobre la situación de derechos humanos en el país

San José, Costa Rica. 05 de marzo de 2025 — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este martes 5 de marzo una audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. Esta audiencia se llevó a cabo en un contexto de tendencias regionales que evidencian un debilitamiento del Estado de derecho y de la institucionalidad democrática, lo que afecta la garantía de los derechos humanos, una realidad de la que Costa Rica no es ajena.

Durante la audiencia, las organizaciones de la sociedad civil expusieron los principales desafíos para la implementación de los derechos humanos y alertaron sobre su impacto diferenciado en diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas pueblos indígenas, personas LGBTIQ+, mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas en situación de movilidad humana.

Entre los temas destacados, las organizaciones señalaron los graves impactos de la contracción de la inversión pública en sectores esenciales como educación, salud, seguridad y justicia. En particular, alertaron sobre el recorte en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que pasó del 5,25 % al 4,98 %, afectando especialmente a la niñez y la adolescencia. También denunciaron la reducción de recursos del Patronato Nacional de la Infancia en un contexto de aumento de denuncias por violencia contra esta población.

Asimismo, se evidenció el estancamiento del presupuesto del Poder Judicial pese a la ampliación de sus competencias, lo que limita su capacidad de respuesta y afecta la garantía del acceso a una justicia independiente. Se señaló la preocupación por la narrativa del Poder Ejecutivo para deslegitimar a operadores de justicia.

Las organizaciones señalaron el retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en Costa Rica. El aumento de femicidios y las barreras en el acceso a la justicia reflejan la falta de respuesta estatal ante la violencia de género. A su vez, se manifestó que los derechos de la población LGBTIQ+ están en riesgo con la eliminación de figuras clave, la amenaza de derogación de políticas contra la discriminación y el desmantelamiento de programas educativos ya que estas acciones evidencian un debilitamiento de la garantía de derechos y un aumento en la vulnerabilidad de estas poblaciones.

En materia de movilidad humana, se denunció el papel de Costa Rica en la detención y recepción de personas expulsadas por Estados Unidos. También se señalaron deudas históricas en el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas, destacando el tiempo excesivo para el reconocimiento de la condición de refugio y las barreras estructurales que dificultan su acceso al trabajo, la salud y la vivienda, entre otros derechos. A esto se suma, la discriminación estructural que enfrentan ciertas personas, ya sea por su origen étnico o por su nacionalidad.

En temas ambientales, se advirtió sobre una crisis hídrica agravada por la contaminación con agroquímicos y la falta de acceso continuo al agua potable, especialmente en zonas con desigualdades socioeconómicas. También se alertó sobre la presión que sufren las áreas protegidas por la tala ilegal y la expansión de desarrollos inmobiliarios en zonas costeras, lo que impacta ecosistemas frágiles y agrava conflictos en territorios indígenas.

Las peticiones de las organizaciones incluyeron la necesidad de mantener un monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica y de emitir pronunciamientos públicos cuando corresponda, recordando al Estado sus obligaciones convencionales. Asimismo, se recomendó la implementación de presupuestos nacionales con enfoque de derechos humanos, así como el restablecimiento de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral en los colegios y la garantía de que no se deroguen normativas que protejan derechos fundamentales.

Además, se instó a los agentes estatales a respetar la institucionalidad democrática, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, evitando discursos de odio o deslegitimación de posturas críticas. Para garantizar una protección efectiva, se recomendó la creación de un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para amenazas y delitos contra personas defensoras y comunicadoras. Finalmente, se exhortó al Estado a abstenerse de tomar represalias contra quienes participaron en la audiencia.

La Audiencia fue solicitada por:

• Alianza de Mujeres costarricenses
• Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASDEDH)
• Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC)
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Cooperativa Sulá Batsú
• Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI)
• Grupo de trabajo de Agenda CEDAW
• IRCA Casa Abierta
• Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR)
• MULABI
• Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE)
• Red de Mujeres para la Incidencia Social y el Desarrollo (REMISOD)