El deber estatal de cumplir los fallos internacionales: Indicaciones para Chile en el cumplimiento del caso Norin Catriman

El 29 de mayo de 2014, luego de un largo proceso interno e internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Chile por violar los derechos humanos de varios líderes mapuche que habían sido procesados y condenados en aplicación de los tipos penales y procesos determinados en la Ley Antiterrorista.

La Corte IDH concluyó que las condenas fueron arbitrarias e incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos, debido a que fueron emitidas bajo la Ley Antiterrorista chilena que viola el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia, libertad de expresión y el ejercicio a los derechos políticos. Además, las condenas se basaron en estereotipos negativos y prejuicios en contra de las personas mapuche, las cuales son asociadas con el terrorismo.

Es por esto que, la corte ordenó a Chile cumplir con una serie de reparaciones, específicamente: i) dejar sin efecto la declaración de las ocho víctimas de este caso como autores de delitos de carácter terrorista; ii) dejar sin efecto las penas privativas de libertad y penas accesorias, consecuencias y registros, a la mayor brevedad posible, así como las condenas civiles que se hayan impuesto a las víctimas; iii) disponer la libertad personal de las víctimas que aún se encuentren sujetas a libertad condicional, y iv) suprimir los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que existan en contra de las ocho víctimas en relación con las referidas sentencias, así como la anulación de su inscripción en cualquier tipo de registro nacional e internacional que los vincule con actos de carácter terrorista.

El Estado Chileno cumplió con eliminar los antecedentes judiciales de las víctimas, y garantizar su libertad. Cabe mencionar que varios de ellos cumplieron sus condenas y se encontraban en libertad cuando la corte IDH emitió su sentencia. Sin embargo, aún falta que se elimine la declaración de las ocho víctimas del caso como autores de delitos terroristas.

En base a esto, la Corte Suprema de Justicia de Chile ha convocado a una audiencia para hoy 22 de abril de 2019, con el objeto de evaluar «si se debe cumplir o no [la reparación ordenada por la Corte IDH], cómo debe cumplirse, en qué forma, etc.”.

Como representantes de Victor Ancalaf y sus familiares, víctimas del caso, y de organización avocada a contribuir al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), hicimos una presentación a la Corte Suprema de Justicia de Chile recordando los principios fundamentales que sostienen el deber estatal de cumplir con las decisiones internacionales, además se brindaron valoraciones de experiencias comparadas, tanto dentro como fuera del SIDH, que pueden orientar el cumplimiento de la reparación. Entérate de nuestras demandas principales aquí.

La sentencia en el caso Norin Catrman y otros representa un precedente importante para Chile y para las comunidades mapuche, cuyos integrantes siguen enfrentando muchas veces la criminalización y la discriminación en los procesos judiciales iniciados en su contra, incluyendo con la aplicación de la Ley Antiterrorista. De acuerdo con esto, es de suma importancia que las víctimas del caso obtengan una reparación integral, y en especial que se dejen sin efecto sus condenas como terroristas, ya que esto constituye un paso relevante para el reconocimiento de los derechos de las comunidades afectadas.

Chile – así como los demás Estados del SIDH – tiene la opción de determinar los mecanismos más adecuados para lograr la reparación integral, pero no puede abstenerse de cumplir con esta reparación. Este deber nace no solo de haberse sometido voluntariamente a la jurisdicción de la Corte IDH, sino también de su rol como integrante de un sistema regional de protección, que solo puede efectivamente cumplir su rol de tutela de derechos en la medida que sus decisiones sean acatadas e implementadas por los Estados que lo crearon.

El documento, presentado junto con Sergio Fuenzalida, también representante de las víctimas, se encuentra disponible aquí.