El asesinato de Monseñor Romero continúa en la impunidad
«En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo
cuyos lamentos suben hasta el Cielo
cada día más tumultuoso,
les suplico, les ruego,
les ordeno,
que cese la represión.»
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO
Agosto 15 de 1917 – Marzo 24 de 1980
29 de marzo de 2005
Este año se conmemoraron los 25 años de la ejecución de Monseñor Romero, quien fuera asesinado el 24 de marzo de 1980, por agentes del Estado salvadoreño durante una ceremonia eucarística que se celebraba en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador.
La muerte de Monseñor Romero, reconocido como un destacado defensor de los derechos humanos, se dio por sus fuertes críticas a la violencia y a la injusticia del conflicto armado salvadoreño, que se caracterizó por graves violaciones como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas.
En 1993, ante la impunidad de la ejecución de Monseñor Romero, el caso fue sometido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de la víctima. En el 2000, la Comisión emitió una resolución en la que declaró al Estado de El Salvador responsable de la ejecución y de la falta de administración de justicia al no cumplirse con la obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas, así como por su omisión en procesar y sancionar a los responsables del asesinato.
Así mismo, la CIDH estableció que el Estado debía adecuar su legislación interna de acuerdo a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto Ley de Amnistía General (Decreto Legislativo No. 486), considerada por organismos internacionales de derechos humanos como un mecanismo para promover la impunidad.
En el marco de las celebraciones que varias organizaciones salvadoreñas realizan para conmemorar los 25 años de la muerte de Monseñor Romero, CEJIL resalta su labor en la protección de los menos favorecidos y en la búsqueda de soluciones para el pueblo salvadoreño sometido a una guerra, y se suma a las voces que instan al Estado Salvadoreño a que cumpla con las recomendaciones de la CIDH, realizando una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Arnulfo Romero; derogando la Ley de Amnistía y reparando integralmente las violaciones a sus derechos.
El asesinato de Monseñor Romero no debería quedar en la memoria del pueblo salvadoreño únicamente como la pérdida de uno de sus principales líderes. Debería ser tomado como ejemplo para acabar con el flagelo que sigue atacando al pueblo salvadoreño, aún después de 10 años de concluido el conflicto armado: la impunidad.
El legado de Monseñor Romero, su lucha, su templanza y su fortaleza inspiran la defensa de los derechos humanos en el continente. Por eso, seguiremos insistiendo en que la resolución de la CIDH se haga realidad y a través ella se abran las puertas para lograr la anhelada verdad, justicia y reparación integral, que han sido negadas por años al pueblo salvadoreño.
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