6 de mayo de 2010 Comunicado de Prensa

Ecuador ante Corte Interamericana por violaciones contra el Pueblo Kichwa de Sarayaku

Washington D.C., 6 de mayo de 2010

El Estado de Ecuador será enjuiciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber autorizado a una compañía petrolera argentina a explorar y explotar un territorio indígena sin consultar a la comunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso el 26 de abril de 2010 una demanda contra Ecuador ante la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, en relación con el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku.

Esta decisión ha sido tomada tras determinar que el Estado ecuatoriano no ha cumplido con las recomendaciones emitidas recientemente por la CIDH en su informe de fondo sobre el caso, en el que la CIDH determinó que el Estado había incurrido en violaciones contra el pueblo indígena, entre ellas la violación a su territorio. Ecuador se expone ahora a una posible sentencia condenatoria ante la Corte Interamericana.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, el caso “es representativo de los conflictos regionales que existen entre el interés de los Estados a disponer de sus recursos naturales y la protección de los derechos de los pueblos indígenas”. Por ello, según Krsticevic, “esperamos que la Corte desarrolle estándares específicos sobre los derechos de los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos de recursos naturales que impactan gravemente en la vida y subsistencia de las comunidades”.

Tanto CEJIL como el abogado ecuatoriano Mario Melo, representantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, confían en que el litigo del caso ante la Corte implique la adopción por parte de Ecuador, de medidas para reparar integralmente al Pueblo Kichwa de Sarayaku, así como para evitar la repetición de los hechos. Entre ellas, Ecuador debe adoptar mecanismos adecuados para hacer efectivo el derecho a la consulta previa y al consentimiento informado de los pueblos indígenas de acuerdo al derecho internacional aplicable.

Los hechos del caso se originaron en 1996, cuando Ecuador firmó un contrato con la empresa argentina CGC para la exploración y explotación petrolera en una zona que afecta el territorio del Pueblo de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, Sarayaku se opuso al ingreso de la compañía a su territorio, a pesar de lo cual trabajadores de la petrolera entraron a Sarayaku acompañados de patrullas militares fuertemente armadas.

Las actividades de la compañía implicaron la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, la construcción de helipuertos y campamentos, así como amenazas y violencia en contra de miembros de la comunidad. Todo ello ha tenido un gran impacto en la vida y el desarrollo del Pueblo de Sarayaku.

Por ello, Sarayaku acudió a la instancia interamericana alegando que al firmar el contrato, y permitir y apoyar el desarrollo de actividades extractivas en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva. Además alegaron violaciones a su derecho a la vida, la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, entre otros derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

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