1 de diciembre de 2023 Comunicado de Prensa

Dos Erres: Corte IDH ordena a Guatemala a abstenerse de destruir prueba vinculada al caso

01 de diciembre de 2023.- En una resolución del 29 de noviembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenó al Estado de Guatemala abstenerse de destruir la prueba material del expediente en el caso de la Masacre de las Dos Erres. Esto, en tanto la Corte resuelve respecto a la solicitud de medidas de protección que fueron requeridas a este tribunal ante el riesgo de que la masacre quede en impunidad.

Esta resolución de la Corte se da después de que, el pasado 7 de noviembre, el Tribunal de Mayor Riesgo “E” absolviera a tres militares acusados por la masacre que, en 1982, en el marco del conflicto armado interno, resultó en la ejecución extrajudicial de más de 200 personas, incluyendo niñas, niños y mujeres en el departamento de Petén. Gilberto Jordán, Alfonso Bulux y Mardoqueo Ortiz, los ex kaibiles cuya liberación fue ordenada por el Tribunal, habían sido acusados por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad y, a lo largo de seis meses de audiencias de juicio, se había acreditado de manera fehaciente su responsabilidad en los hechos.

A raíz de la sentencia absolutoria del Tribunal, se ordenó la liberación de los acusados, quienes se encontraban en prisión preventiva ante el alto riesgo de fuga que implica su perfil. En su decisión, el Tribunal de Mayor Riesgo “E” también ordenó que se destruyera la prueba del caso, que, entre otros, contiene declaraciones de testigos y pruebas periciales fundamentales para la identificación de los responsables de la masacre.

Ante el riesgo que la decisión del Tribunal implica para el derecho de acceso a la justicia y para la protección de la vida e integridad de las víctimas de la masacre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), como representantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitaron a la Corte IDH el otorgamiento de medidas provisionales que prevengan un daño irreparable a las víctimas.

Es ante esta solicitud que la Corte ordenó al Estado abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal de Mayor Riesgo “E” de destruir la prueba material del expediente. Sobre este punto y otros planteados en la solicitud de medidas, el Estado de Guatemala deberá informar a la Corte IDH a más tardar el 7 de diciembre de 2023, fecha en que se cumplen 41 años de los hechos.

De acuerdo con las organizaciones representantes, el Estado guatemalteco sigue negando la justicia, la verdad y desprotegiendo a las víctimas sobrevivientes de la masacre. Para Marcela Martino, directora adjunta de CEJIL para Centroamérica y México: “La resolución del Tribunal de Mayor Riesgo “E” es una afrenta para la dignidad de las víctimas y su caminar de justicia, y viola las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, entre ellas las derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana dictada hace más de 10 años. Ahora, el Estado debe acatar esta nueva orden de la Corte de preservar la prueba y debe tomar medidas para garantizar la justicia a las víctimas de esta terrible masacre y a la sociedad guatemalteca en su conjunto”.

El caso de la Masacre de Las Dos Erres cuenta desde 2009 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se reconoció la responsabilidad del Estado de Guatemala por los hechos y se ordenó, entre otras medidas, la investigación, enjuiciamiento y sanción, sin dilación, de forma seria y efectiva, de todas las personas responsables de la masacre. Esto en virtud de que se garantice el acceso a la justicia y una reparación digna para las víctimas y familiares sobrevivientes.

En este momento, se espera la resolución de una apelación presentada por el Bufete Jurídico de Derechos Humanos ante la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo “E” que, según sostienen los abogados “incumplió con darle una justicia pronta y cumplida a las víctimas” y con las obligaciones internacionales del Estado.