Después de 30 años, identifican parte de los restos de víctimas de secuestro y desaparición forzada ordenados por Fujimori del caso La Cantuta

Washington, DC – Lima, mayo 9 de 2023.  Ayer, el laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Perú, mediante pruebas de ADN, confirmó que los restos repatriados corresponden a  Dora Oyague, Marcelino Rosales, Bertila Lozano y Felipe Flores Chipana. También informó que un pequeño hueso del codo, encontrado en nuevas diligencias de búsqueda en las fosas de Cieneguilla, corresponde a Armando Amaro Cóndor, hijo de la señora Raida una figura emblemática en la búsqueda de los desaparecidos de La Cantuta. 

Las víctimas identificadas son jóvenes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), quienes fueron secuestrados mientras dormían, en la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando miembros del Grupo Colina —cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia del Ejército—, irrumpieron en los dormitorios de la universidad, secuestraron a nueve estudiantes y a un profesor, a quienes después asesinaron y sepultaron en fosas clandestinas.

En diciembre de 1993 la revista Sí publicó que se habían descubierto cuatro fosas clandestinas en la ciudad de Cieneguilla donde se encontraron restos humanos que fueron enviados a Inglaterra con la esperanza de llegar al London Hospital Medical College, para ser sometidos a pruebas de ADN.En Perú no se contaba con la tecnología para ello, pero malos manejos provocaron que cayeran en manos del Servicio de Ciencias Forenses de Birmingham y se dieran por extraviados.  

En 1996 el Congreso aprobó una Ley de Amnistía que benefició al personal militar, policial y civil involucrado en violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1980 hasta ese día, por consiguiente los condenados por las desapariciones y ejecuciones de La Cantuta quedaron en libertad. Ante dichos hechos de impunidad, algunos familiares decidieron presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde ese momento la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). acompañaron a las familias logrando que en 2008 esta corte emitiera una sentencia condenando al Estado Peruano por la muerte y desaparición forzada de las víctimas.

La Sentencia de la Corte IDH obligó al Estado peruano a investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, y de proseguir con la búsqueda de los cuerpos. Es así como un año y medio después la justicia peruana condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión, estableciendo su responsabilidad penal por la desaparición y ejecución de 27 personas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

En julio de 2022 se lograron localizar los restos enviados a Londres en un archivo forense y fueron traídos en febrero de este año por labor y exigencia de la familia y APRODEH. Los mismos fueron entregados a la Fiscalía quien el día de ayer comunicó los resultados de las pruebas de ADN.

Ante los recientes hallazgos, Florencia Reggiardo expresó: “este reconocimiento es un avance importante, que trae algo de verdad a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las obligaciones internacionales del Estado peruano continúan vigentes hasta que se dé la búsqueda total de todas las víctimas desaparecidas del caso. Llamamos al Perú y en especial a la Fiscalía de la Nación a redoblar esfuerzos y asignar los recursos necesarios para las acciones investigativas pendientes en Cieneguilla.»

Por su parte, Gloria Cano, directora de Aprodeh comentó que «con el reconocimiento de los restos siento, al igual que las víctimas, dolor, alivio, esperanza, todos esos sentimientos en una respuesta. Nosotros seguiremos en la exigencia, hasta que estén todos. Hasta encontrarlos.»

La noticia de la identificación de los restos hace un aporte muy significativo en la búsqueda por la verdad que han adelantado por años y sin pausa, los familiares de quienes fueron injustamente asesinados al mismo tiempo que trae un poco de paz para el dolor que han cargado por años. Al mismo tiempo deja un gran sinsabor que el Estado siga siendo negligente y que sea la sociedad civil quien deba adelantar las acciones de búsqueda y reconocimiento.