Después de 26 años, el caso de la Masacre del 16 de mayo llega a la Corte IDH

• El 16 de mayo de 1998 un grupo conformado por 50 hombres, con apoyo de agentes estatales, ingresaron a Barrancabermeja y detuvieron arbitrariamente a 32 personas, asesinando a 7 de ellas y desapareciendo de manera forzada a 25. 

• Ante la inacción de la fuerza pública, las víctimas de la Masacre del 16 de mayo de 1998 acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en busca de salvaguardar y garantizar plenamente sus derechos. 
• Hasta la fecha, no se ha logrado identificar ni sancionar a todos los responsables, especialmente a aquellos que dieron la orden de ejecutar la masacre. 

Bogotá y Washington D.C., 8 de octubre de 2024. En 1998, en el municipio de Barrancabermeja, Santander, ocurrió una de las masacres más atroces de la historia de Colombia: la Masacre del 16 de mayo. Esta incursión paramilitar tenía como propósito avanzar en el control social y territorial de esta ciudad, que tenía una fuerte tradición de activismo sindical, social y político. Ahora, más de 26 años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual determinará la responsabilidad del Estado colombiano en estos hechos y la persistente impunidad en que permanecen.  

La Masacre del 16 de mayo fue perpetrada por aproximadamente 50 hombres que vestían prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y equipados con armas de fuego de largo y corto alcance, quienes detuvieron de manera arbitraria a 32 personas, entre ellas, 3 menores de edad. De los detenidos, 7 fueron asesinados y 25 fueron desaparecidos de manera forzada. Los hechos fueron llevados a cabo por estructuras paramilitares, con apoyo y connivencia de agentes estatales.  

Desde entonces, las víctimas han luchado incansablemente por obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, durante más de dos décadas han enfrentado una constante inacción estatal. Por ello, en 2002 acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como mecanismo para proteger y garantizar plenamente sus derechos.   

En 2021, la CIDH emitió el informe de fondo 141/21, en el cual destacó la falta de diligencia en la investigación de los hechos y recomendó al Estado colombiano reparar integralmente las vulneraciones, implementar un plan de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada con la participación de los familiares, proveer tratamiento médico y psicológico a las víctimas y sus familiares y avanzar en las investigaciones para identificar y sancionar a la totalidad de los responsables.  

Pese a esa decisión, hasta la fecha no se ha logrado la sanción de todas las personas involucradas en la masacre, ya que el Estado colombiano no ha agotado todas las posibles líneas de investigación; especialmente en relación con los agentes del Estado y particulares financiadores. Asimismo, las víctimas no han podido acceder a la reparación integral a la que tienen derecho por los hechos sufridos y siguen desconociendo el paradero de 16 de sus seres queridos.   

En este contexto, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana. Las víctimas y sus representantes, el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), reconocemos esta importante decisión, esperando que esta nueva etapa permita a las familias y personas buscadoras acceder a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.