Después de 23 años, por primera vez va a juicio un funcionario público en relación con el secuestro de Jineth Bedoya Lima

Washington, D.C. y Bogotá, 16 de mayo de 2023. Este 16 de mayo, se inicia el juicio contra Marco Javier Morantes Pico, el guardia que hace veintitrés años recibió a la periodista Jineth Bedoya Lima en la cárcel La Modelo en Bogotá. Este fue el punto de partida de su consecuente secuestro, tortura y violencia sexual como retaliación a su labor periodistica. Aunque el crimen sucedió hace más de dos décadas, este es el primer funcionario público que irá a juicio; Morantes Pico enfrenta cargos por secuestro agravado.

El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya llegó a la puerta de la cárcel La Modelo y permaneció aproximadamente treinta minutos allí; durante ese tiempo fue atendida en tres oportunidades por Morantes Pico, quien al inicio le indicó que no tenía su autorización de ingreso, pero que conocía sobre su visita. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “las demoras a la hora de permitir el acceso de la señora Bedoya al penal, junto con la extraña actitud del guardia de la entrada, quien habría dejado en la puerta a la señora Bedoya sola al momento del secuestro”, demuestran la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos ocurridos ese día.  En palabras de la Corte “los hechos no podrían haber ocurrido sin la aquiescencia o colaboración estatal […] inclusive el guardia de la cárcel que la atendió”.

Con esto, para CEJIL y la FLIP, representantes de la periodista, Morantes Pico hace parte de un plan criminal amplio y, aunque en esta ocasión se juzgue a un funcionario de bajo nivel, es indispensable investigar a todos los agentes estatales, incluyendo a altos mandos, que pudieron haber participado en los hechos. Frente a esto, según lo ordenado por la Corte IDH y en la búsqueda de justicia, la Fiscalía General de la Nación sigue en mora de adelantar una investigación diligente y dentro de un plazo razonable que implique juzgamiento y sanción, como a la de toda la cadena criminal, incluidos los funcionarios públicos. Hasta ahora, las únicas tres condenas que hay son contra exparamilitares.

Además, la Corte IDH determinó que la investigación de los hechos ha tenido un carácter discriminatorio por razón de género. Por eso, hacemos un llamado a la administración de justica para que en el desarrollo del juicio aplique los estándares de protección a las víctimas de violencia sexual, evitando la reproducción de estereotipos discriminatorios, que conllevarían a un nuevo escenario de revictimización hacia Jineth Bedoya. 

Igualmente hacemos un llamado al Estado a adelantar el proceso penal en curso con estricto apego a los estándares internacionales de acceso a la justicia para las víctimas y teniendo en cuenta las órdenes de la Corte IDH en el caso. Al mismo tiempo recordamos que la Corte determinó que para poner fin al ciclo de impunidad que rodea este caso es indispensable “dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias”.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Campaña No es hora de callar