Denuncian ante Corte IDH desacato de Venezuela por Caso Familia Barrios

San José, 5 de febrero 2015.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el desacato casi absoluto del Estado venezolano en el caso de la familia Barrios, de la cual diez miembros han sido ejecutados extrajudicialmente en su mayoría por agentes de la policía del estado de Aragua, Venezuela.

“El caso Barrios es un caso emblemático en Venezuela porque ilustra una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos policiales venezolanos en el cual las víctimas son hombres jóvenes pertenecientes a estratos sociales bajo cuyos asesinatos permanecen impunes”, dijo Liliana Ortega, Directora Ejecutiva de COFAVIC. “El Estado tiene la oportunidad para demostrar que los que han asesinado, amenazado y hostigado a tantos miembros de la familia Barrios serán juzgados y que los familiares serán protegidos para asegurar que semejante crimen no vuelva a ocurrir”, afirmó.

Entre 1998 y 2013 diez miembros de la familia Barrios fueron asesinados. Benito Antonio (1998), Narciso (2003) y Rigoberto Barrios (2005), este último de tan solo 16 años de edad, fueron ejecutados por agentes de la policía del Estado de Aragua. En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), Jorge Antonio Barrios (2012) Víctor Tomás Navarro Barrios (2012) y Roni David Barrios Alzul (2013) también fueron asesinados en circunstancias similares.

El 14 de noviembre de 2011, la Corte IDH condenó a Venezuela por la muerte y falta de protección de siete miembros de la familia Barrios, así como por la ausencia de investigaciones afectivas sobre estos hechos. A su vez, la Corte IDH emitió ocho resoluciones entre noviembre de 2004 y febrero de 2013 exigiendo la protección de la familia Barrios, convirtiéndose en el caso con el mayor número de solicitudes hechas por el Tribunal a un Estado para garantizar la protección y seguridad de los miembros de una misma familia.

Aun así, ocho de las ejecuciones ocurrieron dentro del marco de las medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano y tres luego de ser emitida la sentencia de la Corte. Hasta la fecha, siete investigaciones criminales por estos hechos permanecen en total parálisis procesal, sin que se hayan realizado diligencias judiciales o identificado a los presuntos responsables. Durante la última década, varios miembros de la familia Barrios han sido sujetos a amenazas y hostigamientos que los obligaron a  desplazarse de sus viviendas, algunos de ellos incluyen eventos ocurridos en septiembre del 2014 que permanecen en la impunidad.

“El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el número de ejecuciones extrajudiciales que afectó a la familia Barrios pese a contar con medidas de protección y a la obligación aún pendiente de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, dijo Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Queda claro que hay una preocupación por parte de la comunidad internacional ante este caso y que se realizará un monitoreo de la respuesta del Estado. En este sentido, solicitamos a la Corte que emita una resolución en la que condene el cumplimiento en el corto plazo”.

Por su parte, el Estado alegó que la familia Barrios había diferido en su responsabilidad de cooperar con las autoridades designadas a su protección, que era imposible asignar una guardia a 21 miembros de una familia y que el tiempo pretendido por los representantes para cumplir la sentencia no era congruente con la realidad social y jurídica que se vivía en el país.

Asimismo, la situación de la familia Barrios refleja la triste realidad de la situación en la que se encuentra el respeto a los derechos humanos dentro del país. El caso de la familia Barrios es uno de 16 casos con sentencias condenatorias emitidas entre 1995 y el 2012 que deben ser acatadas por el Estado venezolano a pesar de que la denuncia de la Convención Americana entró en vigor para Venezuela el 10 de septiembre de 2013.