Denuncia Pública ante la persistencia de violaciones de DD.HH en el departamento de Putumayo en el marco del COVID-19

Washington, D.C. 9 de abril, 2020.- Ante la persistencia de hechos de intimidación, amenazas, asesinatos, y violaciones a los derechos contra ciudadanos/as venezolanos/as, líderes, lideresas sociales, excombatientes y Pueblos Indígenas en el departamento de Putumayo, en el marco del estado de emergencia decretado por el COVID-19, ocho organizaciones de derechos humanos suscribieron una denucia pública dirigida a integrantes del poder ejecutivo y otras instituciones estatales colombianas.

En la denuncia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Amazon Frontlines y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) apelaron al Estado colombiano a garantizar la vida e integridad de los habitantes del departamento de Putumayo quienes se encuentran en medio de un contexto de disputas por el control social y territorial del departamento; recordándole su obligación reforzada, en términos de especial protección para personas migrantes, defensores y defensoras de derechos humanos y Pueblos Indígenas.

Frente a los nuevos hechos que se detallan en la carta, se exigió:

(i)  Acoger el Acuerdo Humanitario global por COVID-19, propuesto por comunidades y organizaciones sociales de Putumayo y nivel nacional, el cual cuenta con el respaldo de distintos sectores sociales, académicos, ONG’s, y Organismos internacionales

(ii)   La investigación, juzgamiento y sanción de los hechos que se presentan en un contexto de control territorial por parte de actores armados ilegales que difunden mensajes y acciones xenofóbicas y discriminatorias, mediante las amenazas y asesinatos contra ciudadanos venezolanos;

(iii)  La investigación, juzgamiento y sanción de las amenazas y asesinatos contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y excombatientes en el departamento de Putumayo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final de Paz;

(iv) El fortalecimiento y cumplimiento de los protocolos de prevención, protección y garantías de no repetición a los habitantes del departamento, así como a los ciudadanos venezolanos en condición de vulnerabilidad para que se garanticen sus derechos a la vida e integridad personal y no discriminación;

(v) Rechazo a las actividades de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito realizadas por el Ejército y la Policía Nacional aprovechándose de las limitaciones de movilidad y restricciones impuestas por las medidas de emergencia derivadas de la pandemia, hasta que existan procesos de concertación directa con las comunidades y garantías de sustitución para las familias que derivan de allí su sustento;

(vi) La atención humanitaria urgente derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19 a la población vulnerable, que debe necesariamente incluir alimentos y medidas de bio-seguridad para las comunidades étnicas del departamento; así como la prevención de retornos a los territorios de las personas indígenas que habitan contextos urbanos a través de garantías de permanencia en sus lugares de ocupación

(vii) El fortalecimiento de los sistemas de salud intercultural para los pueblos indígenas, con inversión urgente y específica en transporte de equipos, insumos y material de capacitación para la prevención de la propagación del Covid-19 en los territorios.

(viii) A la Unidad Nacional de Protección, entrega de medios materiales idóneos y adecuados para los líderes y lideresas entre ellos Jani Silva, tales como garantizar cobertura de comunicación, embarcaciones fluviales, vehículos idóneos, chalecos.

Puedes acceder a la denuncia pública y a las solicitudes realizadas en su totalidad haciendo click aquí.