Debilidades del Mecanismo Nacional de Protección y falta de independencia judicial mantienen en grave riesgo a miembros del MADJ en la Tribu San Francisco Locomapa

Personas beneficiarias de medidas cautelares impactadas por las empresas extractivas en San Francisco Locomapa denunciaron ante la CIDH el riesgo que enfrentan y la falta de respuesta del Estado hondureño.

17 de abril de 2024.- Asesinatos, ataques directos, agresiones, intimidación, quema de cultivos, desplazamiento forzado, destrucción y quema de viviendas conforman la violencia que han enfrentado desde 2013 quienes integran el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y residen en la Tribu San Francisco Locomapa, a raíz de su labor de defensa de bienes comunes naturales. Esta violencia se vincula directamente con el despojo de su territorio ancestral indígena, la explotación de madera de sus bosques y las actividades extractivistas de oro y otros minerales en las tierras ancestrales del Pueblo Tolúpan, proyectos desarrollados ilegalmente por empresas de capital nacional y extranjero que se han instalado violentando los derechos indígenas y fundamentales del pueblo.

Desde 2013, 11 indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido asesinados y el riesgo para estas comunidades indígenas persiste. Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares de protección con el fin de que el Estado hondureño tome medidas para salvaguardar la vida e integridad de las personas. Estas medidas se otorgaron en 2013 y han sigo ampliadas periódicamente ante la persistencia y aumento del riesgo, la última ampliación fue en diciembre de 2023 a favor de 61 personas del pueblo Tolupán integrantes del MADJ.

A pesar de esto, el pasado 09 de abril, las personas beneficiarias del MADJ junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron ante la CIDH que el Estado ha fallado en implementar las medidas de protección y en materializar los acuerdos alcanzados entre las partes para abordar el riesgo y garantizar su seguridad y vida.

Denunciaron que, a pesar de que el Estado reconoció, tras una evaluación de riesgo, que la situación de las personas beneficiarias es grave, las instituciones no han dado cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección, alegando falta de recursos materiales, técnicos y presupuestarios. Asimismo, no se han llevado a cabo las reuniones acordadas de la Mesa Interinstitucional, conformada desde 2018 para abordar la problemática ni se ha dado el seguimiento necesario con las personas beneficiarias.

En particular, las personas beneficiarias argumentaron que los problemas técnicos, administrativos y financieros del Mecanismo de Protección han limitado su capacidad de dar una respuesta pronta y efectiva a las personas beneficiarias en este y la mayoría de los casos a cargo de la instancia.

Asimismo, expresaron preocupación por la falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales a cargo de los procesos judiciales por los hechos de riesgo denunciados, por supuestos vínculos con empresarios que han impulsado la extracción de recursos naturales de la Tribu. Esta situación obstaculiza el avance de las investigaciones y el derecho del pueblo al acceso a la justicia, manteniendo los hechos de violencia en total impunidad.

A través de la CIDH, las personas beneficiarias de medidas de protección llamaron al Estado a garantizar el adecuado funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección; a dar seguimiento a los compromisos asumidos desde la Mesa Interinstitucional destinada a abordar la problemática; a denegar y suspender los planes operativos autorizados, por violentar los estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas; y a avanzar en la investigación de los hechos de riesgo perpetrados contra las comunidades.