Crisis de derechos humanos en Nicaragua: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe reforzar y renovar por dos años su resolución sobre Nicaragua

Declaración conjunta durante el Diálogo Interactivo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, el 15 de diciembre de 2022

Doy esta declaración en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales, de las cuales 12 conforman el Colectivo 46/2, coalición que monitorea la cooperación de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU.

Nuestro léxico carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión a las protestas de abril de 2018, y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en Nicaragua. Con más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, los nicaragüenses son la
tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR.

Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH.

Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales. Con la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión  Interamericana de Derechos Humanos) han denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos,  estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica. Hoy día, el gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas.

Ante ello, la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU es condenable. Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año. Expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta. El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Inter–Americano también denota la falta de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos.

Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.

¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua!