Costa Rica: Organizaciones condenan ataque a jueza

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más enérgica condena ante los hechos de agresión, intimidación, amenazas y violencia física perpetrados contra la jueza de ejecución de la pena. Este caso no puede verse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto preocupante de ataques y hostigamiento contra personas juzgadoras en Costa Rica. 

Según se ha conocido públicamente, la jueza había presentado denuncias por actos reiterados de intimidación, amenazas y acoso en su contra, sin embargo, no se adoptaron medidas oportunas y efectivas para prevenir esta escalada de violencia. Esta situación plantea serias dudas sobre el cumplimiento del deber de debida diligencia por parte del Estado y pareciera evidenciar posibles omisiones en la protección oportuna de juezas y jueces. 

Estos hechos de violencia no solo impactan la vida e integridad de una jueza de la República, sino que constituyen un acto de intimidación contra toda la judicatura. Si las personas que administran justicia son atacadas, tienen miedo y no cuentan con la protección adecuada, se ve afectada su independencia para tomar decisiones basadas en las leyes y en los tratados internacionales. En suma, la ciudadanía no tiene garantías de que recibirán un trato justo y por ende, todos y todas nos vemos impactados.  

Preocupa especialmente que estos hechos ocurran en un contexto de creciente estigmatización de decisiones judiciales, así como de discursos provenientes del Poder Ejecutivo que pueden contribuir a generar un ambiente adverso o permisivo frente a este tipo de agresiones. En una democracia, los eventuales errores u omisiones que puedan cometer los jueces y juezas se atacan mediante los recursos, canales y medios que el ordenamiento jurídico ofrece y no en tribunas públicas, sin respeto al debido proceso ni a la protección de los datos personales de las personas funcionarios que generen riesgo para sus vidas o las de sus familias, como recientemente lo advirtió la propia Sala Constitucional Nº 41043 – 2025. 

Ante la gravedad de estos hechos hacemos un llamado urgente a: 

• Garantizar la protección efectiva e inmediata de la jueza afectada y su entorno familiar. 

• Investigar de manera pronta, seria e independiente tanto la agresión como las denuncias previas, incluyendo posibles omisiones institucionales, así como en su caso, juzgar a las personas responsables. 

• Abstenerse, desde todos los niveles del poder público, de emitir discursos que estigmaticen o expongan a personas juzgadoras por sus decisiones jurisdiccionales. 

• Reafirmar el compromiso del Estado con la independencia judicial como pilar esencial del Estado democrático de derecho. 

La violencia, las amenazas y las presiones contra juezas y jueces son absolutamente inaceptables. No se trata únicamente de proteger a una persona, se trata de proteger la justicia misma. Sin jueces y juezas libres de miedo, no hay garantías para nadie. 

20 de abril 2026 

Asociación Americana de Juristas – Rama Costa Rica 

Asociación Costarricense de la Judicatura ACOJUD 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL