Corte Interamericana de Derechos Humanos llama a Colombia para juzgar, por primera vez, vigilancia e inteligencia ilegal a personas defensoras de derechos humanos

Bogotá, Washington, abril 8 de 2021.

La organización defensora de derechos humanos Colectivo José Alvear Restrepo – CAJAR ha denunciado ser víctima de prácticas de persecución por más de 30 años. Por esta razón este 12 y 13 de mayo la Corte IDH, tribunal superior del sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, realizará una audiencia presencial en San José de Costa Rica y evaluará las violaciones a las que ha sido sometida esta organización.   

Actividades de inteligencia ilegal desde diferentes organismos del Estado y discursos estigmatizantes son algunas de las agresiones por las cuales será juzgado el Estado colombiano por acción. La impunidad en la que permanecen las agresiones compromete directamente su responsabilidad en los casos de amenazas, atentados, exilios, campañas de desprestigio, torturas psicológicas y hostigamientos cometidos contra integrantes del CAJAR.  

Será la primera vez que una organización defensora de derechos humanos, cuyo trabajo  ha sido justamente el acompañamiento y representación de víctimas ante el Sistema Interamericano, llegue a esta instancia en calidad de víctima,  por la labor que realiza en este y otros escenarios de búsqueda de justicia para graves violaciones a los derechos humanos.    

El caso es presentado por CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el CAJAR, Colectivo José Alvear Restrepo para quienes este litigio representa una oportunidad para ayudar a transformar el escenario actual de graves violaciones a los defensores y defensoras en todo el continente, situación que reduce la capacidad de defensa de derechos y limita la justicia y la democracia. «Esperamos que la audiencia permita establecer el impacto de las amenazas para la vida de las personas defensoras y consecuentemente, la necesidad de robustecer las políticas públicas que respondan efectivamente y ofrezcan a quienes defienden derechos, la posibilidad de realizar sus labores sin miedo”, asegura Viviana Krsticevic directora ejecutiva de CEJIL.  

En relación a lo anterior, la Comisión Interamericana CIDH, en su Informe de fondo sobre el caso señaló que:   

“…el contexto específico sobre el CAJAR se enmarca dentro del contexto general de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, tal como se estableció en la sección anterior. A ello se suma que muchos de los hechos alegados fueron denunciados ante las instancias judiciales. Tal como se indicará posteriormente, tales denuncias no han sido investigadas con la debida diligencia.”  

Y añadió:   

“… el Estado incumplió su deber de respeto al hacerse parte mediante acciones concretas de sus autoridades del riesgo enfrentado por el CAJAR, así como al mostrarse tolerante y aquiescente respecto de los hechos en su contra.”    

Las víctimas esperan medidas de reparación integral como el reconocimiento de responsabilidad y perdón público por parte del Estado, de manera que se exalte la contribución de esta organización a la construcción del estado social de derechos, así como la de miles de defensoras y defensores en Colombia. También que los cientos de amenazas contra integrantes del CAJAR y contra la organización en su conjunto sean investigados y que se emprendan las reformas estructurales a las doctrinas y prácticas de inteligencia estatal que llevaron a los sucesivos gobiernos a convertir a defensoras y defensores de humanos en enemigos internos, para que actos como estos cesen y no se repitan.