Corte IDH revisa cumplimiento de sentencias para México, El Salvador y Guatemala

San José, 3 de mayo, 2016.- La histórica masacre de El Mozote, la situación precaria de un hombre privado de libertad en Guatemala ーsentenciado en principio a pena de muerteー y la violencia sexual contra dos mujeres indígenas en México, por miembros de las Fuerzas Armadas, fueron los casos que revisó hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 114º Período de sesiones.

“No hay una sola persona sancionada por las graves violaciones de derechos humanos en El Mozote”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. Durante esta audiencia, las representantes de las miles de personas afectadas, acreditaron que la investigación está frenada desde 1993, año en el que se aprobó la Ley de Amnistía en El Salvador. También se abordaron los obstáculos para realizar las exhumaciones y para avanzar en el plan de desarrollo que la Corte IDH ordenó en la zona.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención del Estado ante el evidente incumplimiento de la mayoría de las medidas dictadas y le recordó que sus sentencias son obligatorias y que todos los órganos estatales están obligados a cumplirlas.

En la audiencia por el caso Raxcacó, sobre la aplicación de la pena de muerte y la situación carcelaria en Guatemala, tanto los representantes de las víctimas como del Estado coincidieron en que las normas vigentes no se traducen en una mejora de la situación de las personas privadas de libertad. Las organizaciones representantes denunciaron que, en los últimos años, ha empeorado la situación de hacinamiento, insalubridad y violencia en el interior de los penales y que no hay recursos suficientes para revertir este impacto negativo.

En relación con la aplicación de la pena de muerte, advirtieron sobre el peligro de que el Estado de Guatemala reactive esta pena en vez de avanzar hacia su abolición definitiva.

En México, la impunidad aparece como la principal deuda en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas que fueron atacadas por personal militar en Guerrero, hace 12 años. Si bien en ambos casos hubo detenidos, el proceso avanza lentamente y todavía no hay personas sancionadas. A la fecha, sólo 3 de los 4 presuntos culpables están vivos, pues uno de ellos murió dentro del recinto militar donde estaba detenido.

Pese a lo sentenciado por la Corte, las reparaciones de parte del Estado de México aún son incompletas, pues no se formulan de manera coordinada y no integran las perspectivas de género, interculturalidad y de derechos humanos, declararon las organizaciones representantes de las víctimas.

Por último, en la audiencia privada se denunció que la reforma al fuero militar es todavía incompleta, aun cuando representaba una parte de la sentencia. “México perdió una oportunidad única de reformar el código de justicia militar”, apuntó María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Puntos críticos del cumplimiento de las sentencias

Masacre del Mozote vs Estado de El Salvador (Ver caso completo)
Organizaciones peticionarias: Oficina de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Exhumaciones: Estas diligencias no se han realizado en concordancia con el criterio de las víctimas, ni con lo establecido en la sentencia y no forman parte de un proceso penal. Las organizaciones peticionarias recuerdan que esta diligencia es también una medida de reparación.
Registro único de víctimas: Los peticionarios resaltaron que hoy existen dificultades para individualizar a todas las víctimas, pues requiere documentación que hoy no existe, producto de la destrucción en el marco del conflicto armado.
Impunidad y Ley de Amnistía: La Ley de Amnistía, dictada en 1993, detuvo las investigaciones para identificar responsables por las masacres. A la fecha no ha habido avances, lo que repercute en el derecho de las víctimas a obtener verdad y justicia y a que la sociedad conozca lo que realmente ocurrió.

Raxcacó vs Estado de Guatemala (Ver caso completo)
Organizaciones peticionarias: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Instituto de la Defensa Pública Penal, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Pena de muerte: Actualmente, no hay ningún sentenciado a muerte en Guatemala, pero hay un estancamiento en la discusión que lleve a su abolición. Aún más, el debate se ha abierto en los últimos meses para que se restituya su aplicación e incluso, que amplíe su alcance.
Regulación del indulto: Originalmente, el indulto es solicitado como un instrumento humanitario para las personas sentenciadas, pero los representantes de las víctimas y la CIDH señalaron su preocupación de que en la actualidad podría funcionar sólo como un trámite que permitiría volver a aplicar la pena de muerte. Declaraciones del presidente y vicepresidente del país dejan clara su intención de no hacer uso de esta herramienta y sólo dejar que se ejecuten las penas.
Condiciones carcelarias en Guatemala: El hacinamiento, la alimentación precaria, la falta de acceso a servicios de salud, la corrupción y la violencia en los centros penales son algunas de las condiciones que se mantienen y que incluso han empeorado.

Inés y Valentina vs Estado de México (Ver caso completo)
Organizaciones peticionarias: Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Investigación penal: Transparentar las diligencias pendientes de parte del poder judicial para determinar responsables y que la Fiscalía considere encauzar los procesos por los funcionarios públicos que participaron obstaculizando la investigación. Además se discutió la necesidad de acotar la participación de las víctimas en el proceso solo a los espacios y diligencias necesarias, para evitar su sobreexposición y revictimización.
Medidas de no repetición: Si bien los representantes de las víctimas coincidieron en que el Estado mexicano ha realizado distintas iniciativas de capacitación y sensibilización, además de la creación de protocolos y asistencia a víctima de violencia sexual, resaltaron que estos espacios carecen de continuidad y de criterios de medición.
Medidas para cada caso: Los representantes de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega reconocieron los avances en la creación de infraestructura, como un centro comunitario y una casa de acogida para niñas pero pidieron revisar los avances para estos proyectos. La creación de un centro médico, otro de los proyectos, aún está estancada.