Corte IDH ordena adoptar medidas urgentes para proteger a 11 personas más que se encuentran privadas de libertad en Nicaragua

San José Costa Rica, 12 de enero de 2023– En una resolución comunicada el pasado 10 de enero, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considera que “hay suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad, y, por lo tanto, la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y salud” de 10 hombres y una mujer privados de libertad en cárceles de Nicaragua por razones políticas.

Se trata de personas encarceladas “por participar en actividades que han hecho que las vinculen con la oposición, entre las cuales se describe: (i) haber participado de manera personal en protestas y manifestaciones que iniciaron a partir de abril de 2018; (i) haber apoyado a manifestantes; (iii) tener opiniones críticas que puedan hacer que los identifiquen como oposición al gobierno; (iv) haber difundido información considerada crítica por el gobierno; y (v) dirigir medios de comunicación percibidos como críticos al gobierno”.

La mayoría de estas personas fue detenida en 2019 y todas han recibido condenas que van de los 6 a los 20 años de prisión. Ningún recurso de apelación ni de casación ha prospera. Para la Corte IDH, está claro que estas personas “fueron condenadas en procesos desarrollados sin las debidas garantías judiciales bajo diversos tipos penales impuestos como represalias por su participación en hechos relacionados con la oposición al gobierno de Nicaragua o su vinculación con esta”.  Todo ello en un contexto de persecución y hostigamientos que se ha intensificado con el paso del tiempo.

Las 11 personas beneficiarias, se encuentran recluidas en los centros penitenciarios   “La Modelo”, y Granada, así como en  la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote” Todas ellas se encuentran en condiciones descritas como severas, degradantes e inhumanas; entre ellas, el hecho de estar en instalaciones insalubres, muchas veces sin agua potable y con limitado acceso a luz y ventilación. Se encuentran además hacinadas y no se les da acceso a espacios adecuados como instalaciones sanitarias o espacios para comer. La alimentación es escasa, insuficiente y de mala calidad, además, no se les presta atención de salud especializada según sus padecimientos o la prestada es precaria e insuficiente. Por si esto fuera poco, todas las personas beneficiarias de estas medidas han sido sometidas a castigos y aislamientos injustificados, y reciben amenazas constantes, las cuales también se extienden a sus familiares.

En esta resolución la Corte ordena al Estado la liberación inmediata de estas personas puesto que su privación de libertad es arbitraria, y que tome medidas urgentes “para proteger y garantizar su derecho a la vida, integridad, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad”. El Estado debe dar cuenta a la Corte IDH de sus acciones para cumplir estas medidas a más tardar el 18 de enero de 2023.

Sin embargo, dado que es notoria la falta de voluntad de Nicaragua, al punto de que ya se ha declarado al Estado en desacato permanente, el presidente de dicho tribunal recordó la Resolución emitida por la Corte IDH en noviembre de 2022 en la que, por primera vez, dispuso que su Presidencia «solicite audiencia para exponer la situación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos” como una forma de “hacer efectiva la garantía colectiva por parte de los demás Estados integrantes del Sistema Interamericano”.

Para las organizaciones representantes: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos (IND), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), el Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad – en inglés “Race & Equality”) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, esta resolución es una nueva constatación de la grave crisis de derechos humanos que permanece en Nicaragua y una valiosa oportunidad para que la comunidad internacional realice incidencia en favor de la liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.