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Corte IDH ordena a Honduras adoptar una política pública adecuada para la protección integral de defensoras y defensores de DDHH
El Progreso y San José, 18 de noviembre del 2013.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó nuevamente al Estado de Honduras por no proteger a los defensores del medioambiente en este país. En esta ocasión, el Tribunal Interamericano declaró la responsabilidad internacional por haber incumplido con el deber de prevenir la vulneración de los derechos del ambientalista Carlos Antonio Luna López, así como por haber violentado la integridad personal de los familiares.
Carlos Luna ejercía el cargo de regidor en el municipio de Catacamas. A inicios del año 1998, tras haber denunciado públicamente la comisión de diversos delitos ambientales fue amenazado de muerte; pese a que las autoridades conocían de estas amenazas no tomaron medidas para protegerlo, como consecuencia, fue asesinado en mayo de ese mismo año.
En su sentencia, la Corte IDH consideró que Estado debió maximizar esfuerzos y utilizar todos los recursos disponibles y pertinentes para preservar la vida de Carlos Luna, entre otras acciones, a través del otorgamiento de medidas de seguridad y protección personal para que pudiera continuar desarrollando su trabajo, así como realizar las gestiones necesarias para investigar de manera inmediata y efectiva todas las amenazas recibidas. Dado que no se actuó con la debida diligencia, la Corte señaló que se incumplió con la obligación de garantizar el derecho a la vida del ambientalista.
Además, debido a la situación especial de riesgo de los defensores ambientalistas en Honduras, la Corte Interamericana ordenó la adopción de una política pública integral para su efectiva protección. Dicha política debe contemplar, entre otras cosas, suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente, y debe acompañarse de la promoción de una cultura de legitimación y protección de las y los defensores de derechos humanos debido a la importante labor que realizan.
Esta medida es particularmente importante considerando el mencionado contexto de riesgo. En su informe de diciembre del 2012, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, manifestó su preocupación sobre el tema y también recomendó al Estado de Honduras la creación de un programa para proteger a dicho grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades siguen sin cumplir lo señalado.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas en el presente caso, exhortamos a las autoridades hondureñas a cumplir con la sentencia ordenada por la Corte Interamericana, en particular, a implementar en el menor plazo posible la política pública antes descrita de manera que se protega efectivamente a los defensores y las defensoras de derechos humanos en el país y se les permita continuar realizando su labor libre de temores e injerencias indebidas.
Puedes saber más del estado del proceso usando nuestra herramienta SUMMA.
Enlaces relacionados:
Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya – Misión a Honduras 2012
Comunicados de prensa:
Corte IDH celebró audiencia sobre asesinato de ambientalista en Honduras
CEJIL y ERIC denuncian a Honduras por violar derechos de ambientalista
