Corte IDH expresa su preocupación por el grave incumplimiento del Estado paraguayo de la sentencia del caso de la Comunidad Yakye Axa

Asunción, Buenos Aires. 25 de junio de 2019.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública una resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia emitida en 2005 en el caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, mediante la cual evaluó si el Estado ha cumplido o no con tres medidas esenciales de reparación: titular las tierras, construir un camino que permita a la comunidad acceder a las mismas, y crear un fondo de desarrollo comunitario.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Tierraviva saludamos esta oportuna resolución de la Corte IDH, la cual constata las denuncias que vienen haciendo las organizaciones y la comunidad desde hace tiempo ante la grave falta de cumplimiento del Estado. 

La Corte reconoció que durante su visita de noviembre de 2017 pudo constatar que, como consecuencia del incumplimiento del Estado, la comunidad continúa viviendo “en condiciones muy precarias y peligrosas, en una reducida franja de tierra de dominio público al costado de la carretera que une Pozo Colorado y Concepción, frente a una parte no pavimentada de la misma”. La situación de la comunidad incluye “precarias condiciones de vivienda y provisión de servicios básicos, particularmente en lo que respecta al abastecimiento de agua potable, acceso a letrinas o servicios sanitarios adecuados y tratamiento de aguas residuales, así como a servicios de atención en salud, y acceso a educación”.

Ante esto, la Corte estableció que “[…] habiendo transcurrido más de trece años desde la emisión de la Sentencia y más de ocho desde que la Comunidad aceptó que se le entregaran tierras alternativas” la falta de avances significativos para que la comunidad pueda vivir en sus tierras “[…] configuran una grave falta de cumplimiento del Estado de su obligación de delimitar, demarcar, titular y entregar las tierras alternativas a la Comunidad Yakye Axa”.

La Corte valoró como injustificable que las tierras – que se encuentran hace ya 5 años en propiedad del Estado – no hayan sido aún tituladas a nombre de la Comunidad. Ante esto ordenó al Estado cumplir con la titulación a la mayor brevedad posible, adoptando además las medidas necesarias para respetar la extensión, calidad y recursos naturales de las tierras.

Por otra parte, la Corte IDH enfatizó que el Estado debe cumplir a la brevedad con la construcción del camino de acceso. Ante ello, y dado que ninguna de las medidas intentadas hasta ahora han logrado avances significativos, el Estado debe informar sobre otras opciones que permitan construir el camino, incluyendo información sobre la posible expropiación de la franja de dominio necesaria. 

“Como lo dice la Corte en su resolución, al no cumplir con entregar y garantizar el acceso a las tierras, Paraguay sigue siendo responsable de las violaciones de derechos a las que están expuestos los integrantes de la comunidad por vivir en condiciones tan precarias y peligrosas” dijo María Noel Leoni, Directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL, quien agregó: “Estos incumplimientos afectan cualquier otro tipo de avance y por eso deben asumirse de forma urgente. Así, por ejemplo, si bien reconocemos que el Estado ha avanzado con la constitución del fondo de desarrollo, lo cual ha tenido un valor importante para la Comunidad, es necesario que se cumpla pronto con las demás reparaciones que permitirán que el mismo se destine al desarrollo de las tierras”. 

“Celebramos esta decisión que genera obligaciones adicionales para el Estado, requiriendo su actuación urgente e inmediata, tanto para cumplir con lo ordenado, como para acercar a las partes información específica sobre planes y alternativas de acción.” dijo Julia Cabello, abogada de Tierraviva, quien agregó que “Estaremos pendientes de la rendición de cuentas que haga el Estado, y esperamos que finalmente este sea un llamado de atención que movilicé a las autoridades a cumplir con sus compromisos, devolviendo la esperanza a la comunidad que espera hace años ir a sus tierras y que viven actualmente un momento muy duro debido a las inundaciones que han azotado sus viviendas”. 

Las organizaciones representantes esperamos que el Estado paraguayo adopte de manera urgente las medidas necesarias para garantizar que esta sea la última vez que la Corte Interamericana condena su inacción en el presente caso.