Corte IDH celebró audiencia sobre asesinato de ambientalista en Honduras

San José, 11 de febrero del 2013.- El pasado jueves 7 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica, en su primer periodo de sesiones del año, celebró la audiencia pública sobre el asesinato en Honduras del defensor ambientalista Carlos Antonio Luna López.

El 18 de mayo de 1998, Carlos Luna fue herido de muerte a causa de los disparos que le ocasionaron dos sujetos cuando salía de una reunión en la corporación municipal. El defensor ambientalista se desempeñaba como regidor en la municipalidad de Catacamas, Departamento de Olancho, al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos. Previo a su asesinato, Carlos Luna recibió y denunció amenazas de muerte ante las autoridades, las cuales no tomaron ninguna medida para prevenir su muerte. Catorce años después de su asesinato sólo se ha condenado a uno de los autores materiales. A pesar de que existen indicios sobre la autoría intelectual del asesinato, ninguna persona ha sido sancionada.

La Corte IDH escuchó el testimonio de una de las víctimas, de varios testigos y un perito, así como los argumentos orales de parte de los representantes legales del caso: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC). Además escuchó las valoraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la posición del Estado hondureño.

El máximo Tribunal Interamericano recibió el caso en noviembre de 2011 por parte de la CIDH, cuyo Informe de Fondo consideró que Honduras incumplió con las recomendaciones realizadas, entre las que destaca la reparación adecuada de las violaciones y la realización de una investigación judicial “completa, imparcial y efectiva” para conocer en su totalidad las personas que actuaron en contra de la vida de Carlos Luna. CEJIL y el ERIC consideran que es urgente además, crear y poner en funcionamiento una unidad de investigación de delitos contra activistas y adecuar a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación; así como diseñar e implementar una política pública integral dirigida a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

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