Condenamos la persecución de integrantes de Provea y el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos en Venezuela

• Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, han incrementado los ataques y el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles 

• En este contexto, el Coordinador General de Provea es citado a declarar ante CICPC, en un hecho que genera preocupación por el posible uso de herramientas judiciales para intimidar y criminalizar a las organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela. 

Washington DC, 19 de noviembre de 2024. – Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra profunda preocupación y enérgica condena por la citación que ha hecho el Estado venezolano a Oscar Murillo, reconocido periodista y Coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Esta citación ocurre en un contexto post electoral caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades venezolanas, así como la persecución de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas, lideres de oposición. Tras las elecciones del 28 de julio, miles de personas salieron a las calles a ejercer su derecho a manifestarse ante las dudas sobre la transparencia, imparcialidad e integridad del proceso electoral.  

Se trata de una acción grave de este recrudecimiento de la represión por parte del Estado que enfrentan quienes defienden derechos humanos en Venezuela.  Oscar Murillo ha sido invocando una investigación vinculada a la Ley Contra el Odio a la Convivencia Pacífica y la Tolerancia el miércoles 20 de noviembre en la División Contra el Terrorismo el miércoles 20 de noviembre a las 10:00 a.m.  Tal como señala Provea la citación no especifica ni el origen ni los fundamentos de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ni aclara la calidad procesal en la que Murillo deberá comparecer, lo que genera incertidumbre y alarma sobre las posibles implicaciones legales de este proceso.  

Las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela están en constante riesgo de hostigamientos, ataques y detenciones arbitrarias por el ejercicio de su trabajo. En el primer semestre de 2024 se han producido 592 ataques contra defensores de derechos humanos. Esto corresponde a un incremento del 92% comparado al mismo período de 2023, siendo Provea uno de los principales blancos.  

Hace 36 años, Provea trabaja en Venezuela por la plena vigencia de los derechos humanos, brindando atención   a víctimas de violaciones de derechos humanos, representándolas ante el Sistema Interamericano, ofreciendo capacitaciones y monitoreando la situación de derechos humanos en el país. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a integrantes de Provea tomando en cuenta el grave contexto de violencia contra personas defensoras en el cual las y los integrantes de Provea llevan adelante sus labores y que los ataques contra la organización obedecen a su labor de defensa de derechos humanos. Desde entonces, la Comisión amplió en varias ocasiones estas medidas cautelares, siendo la más reciente en abril de 2024, ampliando el rango de protección a todos los miembros de la organización, incluyendo a Murillo. En su resolución, la CIDH tomó en cuenta la existencia de pronunciamientos y expresiones estigmatizantes y peyorativas por parte de autoridades estatales en contra de personas defensoras de derechos humanos. Esta narrativa por parte del estado “contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población” afectando la vida e integridad de las personas defensoras. Asimismo, y de acuerdo con la CIDH, además de esta serie de amenazas, ataques, hostigamiento y criminalización, también ha sido evidente   el cierre progresivo del espacio cívico en el país.  

Desde CEJIL, como organización que acompaña a Provea en el marco de sus medidas cautelares ante la CIDH, destacamos el papel fundamental de las personas defensoras de derechos humanos en las sociedades, y el importante trabajo de Provea en la defensa de derechos humanos en Venezuela. Manifestamos nuestra extrema preocupación ante esta citación y sostenemos que todo acto de hostigamiento y amenazas en contra de la organización interfieren con diversos derechos internacionalmente reconocidos como el derecho a defender derechos y los derechos a la integridad personal, honra, dignidad, libertad de reunión, asociación, expresión, entre otros.