Comisión Interamericana de Derechos Humanos constata incumplimiento del Estado de El Salvador en el caso de Monseñor Romero

San Salvador y San José, 1 de octubre de 2020. La inacción del Estado salvadoreño por esclarecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, ocurrido en 1980, quedó en evidencia esta semana, en una reunión de trabajo realizada en el marco del 177 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión convocó a esta reunión al Estado Salvadoreño y a las representantes del caso, la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con el fin de valorar el estado de cumplimiento de sus recomendaciones.

En abril del año 2000, la CIDH declaró al Estado salvadoreño responsable por la violación de diversos derechos en perjuicio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, sus familiares, su comunidad religiosa y la sociedad salvadoreña en su conjunto. En ese momento, la Comisión emitió tres recomendaciones relativas a investigar, juzgar y sancionar a los responsables; reparar las consecuencias de las violaciones cometidas; y adecuar la legislación interna a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993.

En la audiencia, donde también participó la Concertación Monseñor Romero como colectivo que impulsa la justicia en el caso, las organizaciones expusieron que hasta la fecha El Salvador no ha cumplido con lo dispuesto por la CIDH. Subrayaron que no hay avances significativos en la causa penal interna, reabierta en 2017, y el caso permanece en la impunidad. Además, enfatizaron el riesgo que significa la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que fuera vetada por el Presidente Bukele y sobre la cual la Sala Constitucional aún debe determinar si cumple con lo ordenado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. 

Para Eduardo Guerrero Lomelí, abogado de CEJIL, la reunión implica un paso importante en la dirección del acceso a la justicia. “El hecho de que la CIDH haya convocado a esta reunión reactiva el proceso en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vuelve a poner los ojos del mundo en este caso, que es emblemático entre los crímenes ocurridos en el conflicto armado salvadoreño y recuerda al Estado su obligación de cumplir con lo recomendado”, indicó.

Para la CIDH, según lo expresado en esta reunión, el caso del magnicidio de Mons. Romero es de la mayor importancia por lo que es incomprensible que la investigación apenas esté en etapa inicial, en la que permanece desde hace mucho tiempo. Así, la Comisión instó a las partes a delinear conjuntamente un plan de acción y se comprometió a convocar a una nueva reunión para monitorear los avances en los próximos meses.

Al respecto, el Estado salvadoreño se comprometió a establecer canales de comunicación con las representantes y acordó una fecha para comenzar el diálogo e impulsar las medidas de reparación. De este modo, se pone a prueba la voluntad del Estado salvadoreño para cumplir con el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por el magnicidio de San Óscar Romero.

Alejandro Díaz, de la Asociación Tutela Legal, ve estos compromisos con optimismo: “Ya han pasado 20 años desde que la Comisión señaló al Estado como responsable del crimen de Monseñor Romero, es un tiempo demasiado largo para que no existan avances en la justicia. Veremos si ahora sí existe un interés genuino para que la investigación se desarrolle con éxito y se ponga fin a la impunidad”, señaló.

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Ver video con declaraciones del padre Fredis Sandoval, aquí.

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