El Aguán, Honduras y San José, Costa Rica, 7 de agosto de 2020– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó conocer el caso del periodista Nahum Elit Palacios Artiaga, cuya detención arbitraria, sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes; así como su asesinato y el de su esposa Yorleni Sánchez, en marzo de 2010, sucedieron en el marco del Golpe de Estado de 2009.
El caso de Nahum Palacios da cuenta de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras tras el golpe de Estado. Según datos del Instituto Internacional de Prensa (IPI), durante la última década, al menos 40 periodistas han sido asesinados en Honduras. Al igual que el de Palacios, la mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad.
Para el Comité de Familiares Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el hecho de que el caso se conozca en la CIDH constituye un avance en el camino a la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas de graves violaciones sucedidas en el contexto del golpe. “Llevar el caso de Nahum Palacios al Sistema Internacional de Derechos Humanos es un compromiso con su familia, que sigue reclamando el derecho a saber qué le sucedió y espera que los responsables sean juzgados; pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido miles de hondureños en el contexto del golpe, y posterior a este”, destacó Bertha Oliva, directora de COFADEH.
Los hechos del caso
En junio de 2009, Palacios Artiaga era director de noticias de la Televisora del Aguán, desde la cual dio cobertura a las manifestaciones de oposición al derrocamiento del presidente electo, Manuel Zelaya. El 29 de junio, un día después del golpe de Estado, Palacios recibió amenazas del entonces Comandante de la base naval de Puerto Castilla, el capitán Héctor Manuel Tercero, para que desistiera de su labor periodística y cesara las transmisiones de la Televisora y de Radio Tocoa. Esa misma noche, las instalaciones de estos medios fueron allanadas ilegalmente por miembros del ejército y al día siguiente, su personal fue detenido y trasladado a la base naval.
Palacios estuvo detenido por varias horas, en las cuales fue sometido un interrogatorio ilegal, agresiones verbales, hostigamiento y amenazas. Previo a ser liberado, fue apercibido de que si continuaba con su línea editorial, tendría que asumir consecuencias. Ocho meses después, en marzo de 2010, Nahum Palacios y su esposa, Yorleni Sánchez, fueron atacados en las afueras de su casa, por un grupo de personas fuertemente armadas con fusiles de asalto. Nahum murió en el momento y Yorleni, días después.
Las arbitrariedades cometidas contra Televisora El Aguán, radio Tocoa y su personal, así como la detención arbitraria, vejaciones y posterior ejecución de Palacios y Sánchez, se encuentran en la impunidad. Las investigaciones sobre el asesinato han sido deficientes, con errores en la cadena de custodia de pruebas y pocos o nulos esfuerzos para dar con los responsables.
El proceso ante la CIDH
El 18 de junio de 2018, la familia de Palacios, el COFADEH y CEJIL presentamos una petición (denuncia internacional) por los hechos antes señalados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de pasar una revisión de los requisitos básicos, el 7 de julio de 2020, la CIDH inició el trámite del caso, y notificó al Estado de Honduras la denuncia interpuesta en su contra. El Estado tiene tres meses para dar respuesta a la petición. Este plazo se vencerá el próximo 7 de setiembre, fecha en la que el Estado deberá rendir cuentas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en contra del periodista Nahum Palacios y su familia. Así como sobre las investigaciones de los hechos y la impunidad del caso.
“Es evidente que el Estado de Honduras falló en sus obligaciones de garantizar el derecho a la libertad personal, a la vida e integridad personal de Nahum Palacios. Además, su detención y posterior ejecución, así como la de su compañera, tuvieron como resultado la violación del derecho a la libertad de expresión de él como periodista pero también de toda la sociedad hondureña, que tiene el derecho de estar informada y de conocer la verdad, en el marco de un proceso que afectó notablemente la vida democrática del país”, señaló Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL Mesoamérica. “El hecho de que este caso permanezca en la impunidad, además de violentar el derecho al acceso a la justicia, es también una muestra de la falta de reparación integral del daño de los casos sucedidos en junio de 2009, los cuales no pueden quedar en el silencio ni en el olvido”, recalcó.
En una región como América Latina, considerada como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo, la familia y las organizaciones que representan el caso de Nahum Elit Palacios Artiaga esperamos que este proceso ante la Comisión Interamericana reabra el debate en torno a las graves violaciones cometidas por agentes del Estado en el contexto del Golpe de Estado y la posterior represión, a fin de que se haga justicia, se repare no sólo a la familia de Nahum, sino a la sociedad hondureña en su conjunto, para que estos hechos no vuelvan a repetirse
