Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite dos casos mexicanos de feminicidio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 21 de marzo la admisión de los casos de Paloma Angélica Escobar Ledezma y Silvia Arce. Ambos ilustran la problemática de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas que existe en el estado mexicano de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, así como la falta de diligencia por parte de las autoridades en investigar y esclarecer los hechos y, prevenir situaciones semejantes.

Paloma Angélica Escobar Ledezma, de 16 años de edad, desapareció el 2 de marzo de 2002 en Chihuahua y fue hallada muerta 27 días después, fecha en que se iniciaron diligencias de investigación con el fin de identificar y sancionar a los responsables, sin que hasta este momento se hayan obtenido resultados satisfactorios. La investigación de los hechos aún se encuentra en el estado de “averiguación previa”. El día de hoy se conmemoran 4 años del hallazgo de su cuerpo,

Silvia Arce, de 29 años de edad, fue vista con vida por su familia por última vez el 11 de marzo de 1998. Se denunció ante la CIDH que los agentes encargados de investigar omitieron líneas de investigación que podrían haber dado resultados útiles para el esclarecimiento de la desaparición de Silvia.

Dos de las organizaciones denunciantes en ambos casos son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), quienes suscriben este comunicado junto con Norma Ledezma, madre de Paloma Escobar Ledezma. Las organizaciones señalaron, ante la CIDH, que estos casos coinciden con el patrón de desapariciones y ejecuciones de mujeres en México donde impera un retardo injustificado en la investigación y por ende, la denegación de justifica.

En los respectivos informes de admisibilidad, la CIDH señala que ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto de los hechos denunciados. Asimismo, indica que de ser comprobadas las violaciones denunciadas, México sería responsable por contravenir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará. En el caso de Silvia Arce, la CIDH subrayó que también se estaría violando la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las organizaciones peticionarias manifiestan su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos contra las mujeres ocurridas en México. Su propósito es denunciar internacionalmente el asesinato y desaparición de cientos de mujeres ocurridos desde 1993, a fin de lograr respuestas estatales prontas y eficaces tanto en la investigación del fenómeno del feminicidio en el país, como en la prevención.