Comisión de la Verdad de Honduras nace con graves carencias jurídicas

San José, 4 de mayo de 2010

CEJIL advierte a la comunidad internacional que la Comisión de la Verdad instalada hoy en Honduras, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, nace con graves limitaciones legales y jurídicas que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.

Ante esa realidad, CEJIL solicita a la Organización de los Estados Americanos y a  la Organización de las Naciones Unidas, así como a las agencias de cooperación y  a la comunidad de Estados en general a que valoren seriamente las consecuencias que el respaldo económico y político pueden tener respecto de una iniciativa que, de continuar como lo ha hecho hasta el momento, podría ser contraproducente. Hasta el momento, no se ha realizado en Honduras un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

El decreto que crea la Comisión de la Verdad evidencia una serie de debilidades difíciles de subsanar, que contradicen los estándares internacionales establecidos para este tipo de tareas:

1. El mandato de la Comisión de la Verdad excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos Humanos pues se limita a “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
2. Se excluye a las víctimas de ser parte del proceso de esclarecimiento de la verdad. Ni las víctimas ni sectores de la sociedad civil hondureña afectados por el golpe de Estado han sido tomados en cuenta en el proceso de constitución de la Comisión de la Verdad y tampoco se establece la posibilidad de que participen o expresen sus opiniones en alguna etapa posterior.
3. La instalación de la Comisión de la Verdad se ha realizado a través de un decreto presidencial, es decir, es un acto del presidente Porfirio Lobo que no tiene la fuerza jurídica de una ley de la República y por ello no vincula a otros poderes de la República. En los poderes Legislativo y Judicial están presentes personas que cooperaron con el golpe de Estado y es improbable que estos órganos cumplan con su obligación de colaborar con la Comisión de la Verdad, a sabiendas de su propia responsabilidad en los hechos, y mucho menos tendrán la voluntad de aceptar e implementar las recomendaciones que eventualmente se realicen.
4. No se prevé la obligación del Poder Legislativo, Judicial y del Ministerio Público de brindar información a la Comisión de la Verdad. El decreto señala que la Comisión de la Verdad tendrá acceso irrestricto a las instituciones del Ejecutivo, pero en lo que se refiere a los otros dos poderes, éstos “coadyuv[ará]n a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones de la Comisión.”
5. No se establece en ninguna norma la obligación del Estado de Honduras de asignar recursos económicos para el adecuado funcionamiento de la Comisión. De esta manera, se deposita toda la responsabilidad en la comunidad internacional, demostrando una vez más la falta de voluntad de las autoridades hondureñas en lograr que esta Comisión sea parte de un proceso serio de esclarecimiento de la verdad.

“La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas no debe ser motivo de celebración sino de preocupación. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional”, manifestó Alejandra Nuño, directora de CEJIL para el Programa de Centroamérica y México.

“El Estado de Honduras continúa sin demostrar que tiene la voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos dados hasta ahora son contradictorios y débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto”, dijo Marcia Aguiluz,  abogada de CEJIL.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internacionales existentes para estos fines.

Contacto de prensa: Marcia Aguiluz Tel: (506) 2280-7473 mesoamerica@cejil.org www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.