Colombia: se presentó la ley que crea el Fondo “No Es Hora De Callar” para la Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género

• La creación de este fondo fue ordenada por la Corte IDH en la sentencia del caso Jineth Bedoya Lima. 

• El caso fue litigado por CEJIL y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), y recibió sentencia de la Corte IDH en 2021, más de 20 años después de los hechos. 

Bogotá, Colombia; 9 de septiembre de 2024 – En un acto histórico, el gobierno colombiano presentó la Ley 2358, que establece la creación del Fondo «No Es Hora de Callar». Este fondo tiene como objetivo financiar programas de prevención, protección y asistencia para mujeres periodistas y comunicadoras que han sido víctimas de violencia de género en el ejercicio de su labor. La creación de este fondo es parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en su sentencia del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima vs. Colombia. En el año 2000, la periodista fue víctima de amenazas, secuestrada en la puerta de la cárcel Modelo, torturada y sometida a violencia sexual, utilizada como forma de retaliación por su labor periodística.

La creación del fondo marca un hito histórico para la incansable lucha de Jineth Bedoya y también para el país, ya que es la primera vez que desde el Estado se crean acciones y medidas concretas y financiadas para la garantía de los derechos humanos de las mujeres periodistas y comunicadoras en Colombia, quienes continúan enfrentándose a un contexto hostil para realizar sus labores. El fondo será destinado a apoyar psicológica, jurídica y económicamente a las periodistas víctimas de violencia de género por el ejercicio de su profesión, así como a fortalecer las políticas públicas que buscan protegerlas y repararlas. Asimismo, se apoyarán investigaciones para poder seguir de cerca y dar adecuada respuesta a las formas de violencia de género que afectan a las periodistas en Colombia, proporcionando información clave para crear estrategias de intervención más efectivas.

El acto de presentación de la ley contó con la participación de altos funcionarios del gobierno colombiano, como los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; Cultura, Juan David Correa; Justicia, Ángela María Buitrago; y el canciller Luis Gilberto Murillo, así como las periodistas Jineth Bedoya, Claudia Julieta Duque, Dora Muñoz, Carmen Rosa Pabón, Lina Robles y Ana Cristina Restrepo. 

Jineth Bedoya, reconocida periodista y defensora de derechos humanos, fue víctima de secuestro, tortura y violación en el año 2000 mientras investigaba temas relacionados con el conflicto armado. En el momento del ataque, ella se encontraba realizando una investigación periodística acerca de las violaciones de derechos humanos que se cometían al interior de la cárcel La Modelo. Con su secuestro y tortura se intentó impedir que su investigación avanzara y se visibilizaran las graves violaciones, silenciando a la prensa y negándole a la sociedad colombiana conocer esta situación. El caso de Jineth Bedoya Lima es un ejemplo emblemático de la grave situación que enfrentan los periodistas en Colombia, especialmente quienes denuncian violaciones de derechos humanos y corrupción estatal. Este caso refleja un contexto más amplio de impunidad, amenazas y violencia sistemática contra periodistas en el país. A lo largo de los años, Bedoya recibió múltiples amenazas de muerte, y su caso permaneció en la impunidad durante más de dos décadas, sin que se investigaran adecuadamente las responsabilidades.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), como representantes legales de Bedoya en este proceso, lograron que la CorteIDH ordenara al Estado colombiano una serie de medidas de reparación, incluyendo la creación de este fondo. En su discurso durante la promulgación de la ley, Bedoya expresó: «Hoy, hace 15 años nació un sueño, un sueño que hoy es una política de estado”.

Este fondo no solo representa un hito en la lucha contra la violencia de género, sino también un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres periodistas, quienes enfrentan constantes riesgos por su labor.