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Colombia en la mira. Corte IDH tiene última palabra sobre responsabilidad del Estado en persecución y vigilancia a personas defensoras de Derechos Humanos
San José, Costa Rica. Mayo 13 de 2022. Finalizó la Audiencia Pública del caso “Integrantes del Cajar Vs. Colombia”, en la que se evaluó el hostigamiento y persecución sostenida de la que fueron víctimas por más de 30 años los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un juicio por un caso sobre uso de la tecnología para vigilancia estatal.
En la audiencia, desarrollada el 12 y 13 de mayo, se escucharon declaraciones de víctimas y peritos interrogados por los representantes, las juezas y jueces de la Corte IDH y el Estado colombiano. Las víctimas hablaron sobre las afectaciones de la vigilancia sistemática, el hostigamiento y las amenazas en su vida personal y familiar, producto de su labor como defensoras y defensores de derechos humanos. Esta situación de violencia estatal fue calificada como “tortura psicológica” y presentada como ejemplo de lo que viven las personas defensoras en Colombia.
Los peritos se centraron en exponer los límites a la actuación de cuerpos de inteligencia estatal, el derecho de la ciudadanía a saber si está siendo vigilada y prácticas de regulación para “vigilar a quienes nos vigilan”, entre otros. El Estado argumentó haber tomado medidas para proteger a los integrantes del Colectivo en su momento y negó la responsabilidad en las actividades de vigilancia por las que fue citado a declarar.
El testimonio del abogado Alirio Uribe evidenció los riesgos de su trabajo como representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. «La década del 90 fue muy violenta y en el marco de los casos que yo llevaba se presentaron muchísimas amenazas, personas que trabajaban conmigo fueron asesinadas, desaparecidas y exiliadas .Yo tuve que entrenar a mis hijos a escaparse por el baño y el techo. Fueron muchos hechos de terror. De tortura psicológica permanente». Su declaración expuso también cómo las redes de inteligencia estatal han jugado un papel esencial en el ataque del Estado contra las personas defensoras de derechos humanos.
Por su parte, Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del Cajar habló del impacto diferenciado que sufren las mujeres que deciden dedicarse a la defensa de los derechos humanos. La defensora refirió cómo la persecución y las constantes amenazas, algunas escalofriantes, impactaron su núcleo familiar directamente. Para Jomary Ortegón, presidenta del Cajar y representante en el caso, es claro que esta es una oportunidad histórica para que el alto tribunal constate que la violencia contra el Cajar se enmarca en estrategias complejas para ubicar a las personas defensoras como “enemigas del Estado”. “Los y las integrantes del Cajar merecemos que nuestros derechos sean restablecidos, que los daños que nosotros y nuestras familias sufrimos sean reparados, que se adopten garantías de no repetición que nos permitan seguir desarrollando este proyecto de vida que elegimos, que es la defensa de derechos humanos”, señaló.
La directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL, Viviana Krsticevic, organización co-representante en el caso, también destacó la importancia para América Latina de haber aportado elementos para que la Corte establezca estándares con el fin que los Estados garanticen que las labores de inteligencia sean acordes con los derechos humanos. Añadió además la importancia de considerar el riesgo particular en que se encuentran las personas defensoras: “Para quienes defienden derechos humanos, el peso de enfrentar a los poderosos es vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza. Por ello estamos aquí, para poner fin a décadas de persecución; para que esta Corte ordene garantías plenas para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”.
En sus alegatos finales, Cejil y Cajar presentaron sus peticiones para ser consideradas por la Corte, estas incluyen la investigación y sanción, hasta el más alto nivel, de todos los responsables de estos hechos, el desarrollo de política pública de garantías para personas defensoras, el acceso a la información de inteligencia sobre las víctimas que permanece en órganos estatales, el reconocimiento y reparación integral de todas las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y el desarrollo de una campaña permanente de respaldo a labor de defensa de los derechos humanos.
Contexto:
El caso llegó a la Corte IDH después de 22 años de haberse presentado la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de que, en 2002, ésta decretara medidas cautelares en favor de los integrantes del Colectivo y sus familias. En 2019, la CIDH presentó a la Corte IDH el Informe de Fondo para que el caso ingrese al órgano de justicia de las Américas.
Las agresiones documentadas entre 1990 y 2002 incluyen seguimientos, amenazas, atentados e inclusión ilegal en informes de inteligencia, que llevaron a varios de los abogados y abogadas al exilio. A partir del periodo 2002-2010, la violencia se caracteriza por la estigmatización realizada por altos funcionarios y la puesta en marcha de campañas de desprestigio, además de la continuidad de las amenazas y la inteligencia ilegal.
Actualmente, el Cajar acompaña 480 casos a nivel nacional e internacional, mediante los cuales busca que graves violaciones a los Derechos Humanos sean esclarecidas y sancionados los responsables, especialmente en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre muchos otros crímenes. De este trabajo se han beneficiado al menos 7.200 personas en diferentes departamentos de Colombia.
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