4 de febrero de 2010 Comunicado de Prensa

Colombia acepta que Agentes del Estado participaron en la masacre de Mapiripán

San José, 8 de marzo de 2005

Al inicio de la audiencia pública convocada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado lunes 7 de marzo, los representantes del Estado colombiano aceptaron de manera parcial la responsabilidad internacional con respecto a la violación del derecho a la vida, a la integridad y la libertad de las personas asesinadas en la masacre de Mapiripán, departamento del Meta, ocurrida en julio de 1997. Sin embargo, no aceptaron la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los sobrevivientes de la masacre ni por la denegación de justicia en el caso.

Luego de extensas jornadas donde se escucharon a los testigos, peritos y los alegatos de las partes del caso, la Corte Interamericana terminó ayer con esta etapa del proceso internacional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la organización colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, participaron como representantes de las víctimas.

La masacre de Mapiripán fue planeada tras reuniones sostenidas por la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se llevaron a cabo a principios del año de 1997, donde participó, según testimonios recabados en el proceso, Salvatore Mancuso. La operación contra la población de Mapiripán fue auspiciada por miembros de la fuerza pública colombiana quienes posibilitaron la entrada de más de 200 paramilitares al mencionado lugar.

Durante seis días, miembros de las AUC impidieron la libre circulación de los habitantes del pueblo y detuvieron, torturaron, ejecutaron y arrojaron al Río Guaviare parte de los cuerpos de, por lo menos, 49 personas. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el ingreso de las AUC a la región sino que también hicieron caso omiso de los llamados de auxilio de la población civil durante la incursión.

Para los representantes de las víctimas, los esfuerzos internos para conseguir justicia hasta la fecha han sido inefectivos e inadecuados; existen varias líneas de la investigación que indican responsabilidad estatal y que no han sido exploradas con la rigurosidad que exige un hecho como este. Igualmente, se ha obstaculizado la ejecución de órdenes de captura contra paramilitares, incluyendo aquellos cuyos posibles paraderos son de conocimiento público. Al respecto, en los alegatos de los representantes de las víctimas se pidió que la Fiscalía General de la Nación establezca si dentro de los bloques paramilitares desmovilizados en el marco del proceso de negociación actual, se encuentran algunos de los implicados en este caso.

En la audiencia pública, se escucharon los testimonios de víctimas que perdieron a sus familiares en esta cruenta masacre. Estas personas no sólo perdieron a sus seres queridos, también se vieron obligadas a dejar sus tierras, fincas y negocios; salieron de la región para preservar su vida, se desplazaron internamente en la búsqueda de seguridad, sometiéndose a situaciones de extrema pobreza, falta de empleo, hambre y traumas psicológicos. Aunado a esto, los testigos dijeron a la Corte que temen a las represalias por parte de los perpetradores de la masacre, quienes aún los amenazan, hostigan, desplazan y persiguen con el señalamiento de pertenecer a la comunidad de Mapiripán.

En los alegatos finales, CEJIL y el Colectivo de Abogados solicitaron a la Corte que declare a Colombia responsable por no investigar y castigar efectivamente a todos los autores materiales e inmateriales vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado, así como a los grupos paramilitares que hayan participado en los hechos.

Como medidas de reparación se solicitó a la Corte que ordene al Estado colombiano crear mecanismos que posibiliten el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las víctimas, así como la localización e identificación de sus restos. Además, se pidió que las disculpas ofrecidas por el Estado durante la audiencia, se realicen en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional que permita el rescate de la memoria y de la dignidad de todas las víctimas.

La masacre de Mapiripán es un caso paradigmático que refleja la cooperación entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en Colombia, la barbarie con que operan y el manto oscuro de la impunidad que las rodea. Los representantes de las víctimas esperan que la Corte emita una sentencia que declare, en estos términos, la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a las que fue sometida esta población.

La Corte decidirá sobre este caso en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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